Pablo Hasél es un rapero con letras incendiarias que acaba de ser encarcelado en España. Fue arrestado este martes por los Mossos d’Esquadra en la ciudad de Lleida, a unos 150 km de Barcelona. Es acusado de “glorificar el terrorismo” e insultar a la monarquía. Su arresto ha traído a la luz el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el país europeo.

Pablo Rivadulla Duro —su verdadero nombre— se había atrincherado junto algunos de sus simpatizantes desde el lunes en el Rectorado de la Universidad de Lérida. El artista de 32 años de edad buscaba evitar cumplir con una condena de cárcel.

El artista urbano fue condenado a una pena de nueve meses de prisión , seis años de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago de casi 30,000 euros de multa por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado español. Todo ello por sus letras y mensajes incendiarios en Twitter.

En sus tuits, Pablo Hasél ataca tanto a la monarquía española como a la policía. Es famosos por haberse referido al rey emérito Juan Carlos I como un “capo mafioso” y un “borracho tirano”, al mismo tiempo acusa a la policía de torturar y matar a manifestantes y migrantes.

Esta no es la primera vez que el rapero se ve envuelto en problemas legales por sus ideas. Esta sería la cuarta condena que se el impone, por lo que los jueces españoles decretaron que el artista catalán debería ingresar a prisión.

“¡No nos van a doblegar ni con toda la represión, jamás!”, dijo el rapero al ser arrestado el martes. Su detención ha sido motivo de grandes protestas en Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas. Las marchas se han realizado por al menos tres noches consecutivas, en las que se han registrado episodios violentos entre la policía y los manifestantes.

Se aviva el debate sobre los límites de la libertad de expresión en España

La condena y detención de Pablo Hasél fueron criticadas duramente por partidos y asociaciones de izquierda, formaciones independentistas catalanas y organizaciones como Amnistía Internacional (AI), que mostró una “indignación absoluta”, ya que considera que el encarcelamiento “injusto” del cantante está “estrictamente vinculado al ejercicio de su libertad de expresión”.

Hasel también recibió apoyo días atrás de escritores y periodistas, entidades culturales y más de 200 artistas, como el cineasta Pedro Almodóvar y el cantante Joan Manuel Serrat.

La Constitución española (1978) reconoce y protege los derechos a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” y “a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”.

Y también, el derecho “al honor” y a la “propia imagen”, además de libertades como la ideológica y la religiosa.

Así, el ordenamiento jurídico español recoge los denominados “delitos de expresión”, como los de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el de odio, injurias a la Corona y contra los sentimientos religiosos.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo español, la socialista Carmen Calvo, defendió que, en la libertad de expresión de “reflexiones artísticas, culturales e intelectuales”, debe existir una “horquilla de comprensión y tolerancia” propia de una “democracia madura”.

En conferencia de prensa, recordó que el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha una reforma de los delitos en el ámbito de la libertad de expresión. La pena de prisión “no procede” en el caso de infracciones derivadas de este derecho que “no conllevan riesgo para la seguridad de las personas”, apuntó.

El partido izquierdista Podemos, que forma parte de la coalición de gobierno, cree que la detención del rapero impide que se pueda hablar de plena normalidad democrática en España y anunció que pedirá el indulto para él.

Sin embargo, la oposición de conservadores y extrema derecha ya consideró que la reforma penal que pretende el Gobierno no es urgente ni necesaria, sino que se debe más bien a intereses políticos del Ejecutivo.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) rechazó la detención de Hasel tras ser condenado, entre otros hechos, por el contendido de las letras de sus canciones y de algunos de sus mensajes en Twitter.

Otro rapero español, llamado “Valtonyc”, huyó a Bélgica en 2018, después de ser condenado a 3 años y 6 meses de prisión por injuriar a la Corona española y ensalzar a bandas terroristas.