El reguetonero Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido musicalmente como Farruko, presentó una moción en el Tribunal Federal con el argumento de que no había razón para confiscarle $51,802 cuando fue arrestado en el aeropuerto de Isla Grande.

La defensa legal de cantante se opuso a que el gobierno federal retenga el dinero que le fue incautado en abril del año pasado cuando fue detenido en un aeropuerto del archipiélago borincano sin declarar la cantidad en efectivo con la que cargaba, informó El Nuevo Día.

Según el licenciado Allan Rivera, la confiscación no procedería porque Farruko obtuvo el dinero de forma legal.

Además, resalta que cuando se declaró culpable, en marzo pasado, la fiscalía “planteó que no había evidencia de que el dinero ocupado al acusado era parte de drogas, crimen o empresa ilegal o como ganancias de esa empresa”.

Rivera catalogó la solicitud de la fiscalía como “irrazonable e inconstitucional”.

Farruko fue detenido por las autoridades federales luego que fuera sorprendido en el Aeropuerto de Isla Grande entrando al país desde República Dominicana con $51,802 escondidos en su equipaje y sus zapatos.

Antes de la detención, había llenado una declaración de inmigración indicando que no traía más de $10,000.

El dinero, de acuerdo a su abogado, provenía de su presentación en el país vecino. La paga ascendería a $70,000.

“La violación del acusado no estaba relacionada con ninguna actividad ilegal y el dinero es parte de ganancias legales relacionadas con el sustento del acusado”, sostuvo Rivera.

Es por esto que el abogado se opuso a que la Fiscalía sostenga que el dinero es parte del “cuerpo del delito”, ya que la detención no fue por la forma en que se los ganó sino por no notificar la cantidad.

 “El acusado Reyes Rosado no cae en la clase de personas para quien el estatuto (de la confiscación) fue diseñado principalmente, a saber, traficantes de droga, terroristas, lavadores de dinero, estafadores, evasores contributivos o criminales similares”, agregó.

Fiscalía responde

Sin embargo, la Fiscalía destacó que, cuando el reguetonero se declaró culpable, el pliego acusatorio incluía la confiscación por “contrabando” de dinero en efectivo.

Como parte de su argumento, citaron partes del Estatuto de Dinero en Efectivo en el cual se establece que el tribunal, al imponer sentencia, “ordenará que el acusado entregue a Estados Unidos cualquier propiedad, real o personal, involucrada en la ofensa”.

“El Congreso ha encontrado que el contrabando de paquetes de dinero en efectivo es la forma preferida de los traficantes de drogas, lavadores de dinero y evasores contributivos… Debido a que el contrabando de paquetes de dinero en efectivo es una ofensa en sí mismo, el dinero en efectivo puede ser confiscado como el cuerpo del delito de la ofensa de contrabando”, afirmó.

El próximo 13 de junio fue la fecha que impuso el juez federal Gustavo Gelpí para dictar sentencia que podría ir desde probatoria hasta cinco años en prisión.