En América Latina, los embarazos en adolescentes y la violencia sexual contra las mujeres no ha descendido como se esperaba y, en algunos casos, incluso se ha estancado. 

Han pasado 25 años desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en la que líderes mundiales se comprometieron a luchar para hacer avanzar los derechos de las mujeres y garantizarles un mayor y mejor acceso a la salud. Con el tiempo se determinó que esos derechos incluían los sexuales y reproductivos. Sin embargo, la situación hoy no es tan halagadora como se esperaba en Latinoamérica y El Caribe. 

Cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) revelan que la tasa de embarazo en adolescentes es de 61 jóvenes por cada mil en la región, mientras a nivel mundial está por debajo de las 40 por cada mil.

En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, la región se ha partido en dos: de un lado están los países con un avance constante y por el otro los que han mostrado marcados retrocesos en sus estadísticas.

El primer grupo lo encabeza Uruguay, que pasó de tener una tasa de embarazos adolescentes de 63 por cada mil en el 2000 a una tasa de 36 por cada mil en 2018. En una situación parecida se encontró Puerto Rico, cuya tasa en 2000 era de 72 adolescentes por cada mil y en 2016 disminuyó a 29 por cada mil.

Del lado contrario se encuentra Argentina, que en el 2000 registró una tasa de 64 adolescentes embarazadas por cada mil y en 2015 aumentó a 65 por cada mil. Mientras que en Perú, hace 19 años se tenía una tasa de 59 adolescentes embarazadas por cada mil y para el 2012 ya eran 65 por cada mil.

El UNFPA recolectó estos datos de los 11 países que conforman el Grupo de Diarios América (GDA). La información fue recabada, en algunas ocasiones, de más de dos fuentes de información debido a que las autoridades no actualizaron sus estadísticas con regularidad.

¿Cuál debería ser la meta regional? Pablo Salazar, asesor regional de Población y Desarrollo de la Oficina Regional para América Latina y El Caribe del UNFPA, dijo que “un ejemplo a seguir” sería “Noruega, con tasas de fecundidad en adolescentes de siete por cada mil”.

Buenos acuerdos,  poca acción

El estancamiento de algunos países latinoamericanos en el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos sucede a pesar de que en 2014 se firmó el Consenso de Montevideo, con el cual se buscó atender esta situación para mejorar la calidad de vida de las mujeres jóvenes.

Harold Robinson, director regional para América Latina y El Caribe del UNFPA, resumió así la situación: “En términos globales Latinoamérica tiene una posición de avanzada en el planteamiento de los derechos, que eso está planteado en el Consenso de Montevideo. Ahora el desafío que hay es que la mayoría de las veces los compromisos de las países no necesariamente se reflejan en acciones”.

Robinson consideró que la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Nairobi, celebrada entre el 12 y 14 de noviembre pasados y donde se discutieron estas temáticas, no fue una celebración para los países latinoamericanos.

Para el director regional, el contexto político de nuestro continente también ha frenado el avance de los derechos sexuales y reproductivos, y aunque no señala a países concretos sí advierte que “ha habido un retroceso en la humanidad” de Latinoamérica:

“Están llegando al poder algunas propuestas políticas que son contrarias a los derechos (sexuales y reproductivos). Esto es inaudito e inusitado en una región que tuvo la proeza reciente de la consolidación de la democracia. Esas propuestas populistas, alineadas a otras propuestas populistas, racistas y radicales que han surgido en el mundo, han calado en ciertos grupos”.

También llamó la atención sobre la distribución desigual de la riqueza en la región.

“El problema de Latinoamérica es que genera riqueza, pero no la distribuye bien. La única solución que han encontrado las sociedades desiguales, como las nórdicas, es tener un Estado que redistribuye a través de oportunidades para el desarrollo humano; brinda educación, salud y empleo en un ambiente de derecho. Eso nosotros no lo hacemos bien”.

Por último, sobre la violación a los derechos de las mujeres,  Robinson se refirió a las agresiones que reciben por cuestión de género e hizo un llamado a trabajar con las masculinidades para erradicar el problema.

“Debemos hacer un cambio cultural profundo, pero primero debe haber legislaciones para tratar de proteger a las mujeres y empoderarlas, para que denuncien más y tengamos sistemas judiciales en los que confíen. Hay que trabajar mucho con las mujeres y las niñas, en su autoestima, para que nunca se mantengan en relaciones abusivas ya sea por dependencia emocional o económica”.