Tras la masacre que se suscitó la semana pasada en el municipio de Yauco, cuando se registró el cuarto feminicidio íntimo del 2024, activistas por los derechos humanos y profesionales del trabajo social exhortaron al gobierno y las instituciones de poder a tomar los pasos pertinentes para comenzar a erradicar la violencia de género desde la raíz.

Vilma González, directora ejecutiva de la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM), expuso en entrevista con Primera Hora que, a pesar de existir protocolos para la intervención y prevención de incidientes de violencia machista que organizaciones no gubernamentales revisaron y corroboraron tras el gobernador Pedro Pierluisi decretar el estado de emergencia por violencia de género en enero de 2021, no existe continuidad de las entidades públicas en continuar efectuando estos planes.

“Necesitamos asegurarnos que las personas que están en los cargos públicos y que intervienen con las víctimas sobrevivientes de violencia de género hagan el trabajo que tienen que hacer”, sostuvo Gonzalez, al tiempo que insistió que la coordinación de trabajos, la accesibilidad a los servicios para sobrevivientes en lugares remotos e islas municipios serán claves para fomentar resultados optimistas en los próximos años.

La líder de la CPM, por consiguiente, exhortó a todas las entidades responsables a prestarle mayor atención a los protocolos de prevención de violencia de género, que podrían ser efectivos para mitigar el desarrollo de futuros agresores mediante la educación y la orientación.

“La prevención es algo que debemos empezar desde el inicio con los niños y las niñas. Hemos hablado repetidas veces de la educación con perspectiva de género, que -en algún momento- lo han demonizado tanto que hasta políticos no quieren hablar del tema por el costo que puede tener a sus carreras. Sin embargo, esa es la base de todo”, manifestó la líder de la CPM.

La activista destacó que esta visión, validada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) desde 1995, ayudaría a los niños dar los primeros pasos para reconocer este tipo de conflictos, reconocer cómo atenderlos y tener la percepción que, sin importar la identidad de género de las personas, todas merecen ser tratadas con respeto y dignidad los unos a los otros.

González también hizo un llamado a las agencias para responsabilizarse cuando se cometen errores en estos procesos, que mayormente ocurren por fallas en la comunicación interagencial, la falta de recursos y una laxitud en los esfuerzos de prevención, que la experta resaltó indicando que ,“si no se trabaja con esto, seguiremos contando feminicidios”.

“A lo mejor eso suena sencillo, pero lo cierto es que muchas veces nos encontramos que hay guías de cómo se deben hacer las cosas, que se supone que las víctimas tengan acceso a servicios que sean sensibles, coordinados e integrados, pero eso no es lo que ocurre en la práctica”, expresó la coordinadora de la organización, quien llegó a formar parte del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), organismo que se disolvió en agosto de 2022 cuando se extendió el estado de emergencia antes mencionado.

El abandono en estos procesos, según González, conlleva a no mitigar incidentes como el que sucedió la semana pasada en el barrio Caimito de dicho municipio, donde Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, de 33 años, asesinó a su expareja Linnette Morales Vázquez, de 30 años, así como a la madre de la víctima, Lizzette Vázquez Vélez, de 51 años, y su hermano Luis Miguel Morales Vázquez, de 28 años. Santiago Figueroa, tras el incidente violento, se suicidó en otra propiedad.

Esta observación surge luego que trascendiera que Morales Vázquez acudiera a principios de mes a las autoridades para radicar una querella contra Santiago Figueroa por violación a una orden de protección que se le concedió en septiembre del año pasado, exponiendo en una bitácora que su entonces pareja la acechó en su hogar, le cortó el servicio de agua, internet y televisión, le hizo daño a su vehículo, y hasta pernoctaba en el techo de su residencia. Sin embargo, este no rindió frutos dado que, presuntamente, no tenía evidencia suficiente para procesarlo.

Incluso, la misma Morales Vázquez expuso el pasado criminal de su entonces pareja, pero éste no fue expuesto por Fiscalía ante la jueza Ginny M. Vélez Carrera, Tribunal de Primera Instancia de Ponce cuando al feminicida se le encontró causa para arresto el pasado 10 de enero por una denuncia bajo Ley 54, por lo que permaneció en la libre comunidad sin grillete.

“Es triste que tengan que suceder hechos como éste para que volvamos a hablar sobre el tema, cuando, como organización, estamos echando el cuerpo todos los días para cambiar estos discursos y procurar que los ambientes sean seguros y que las víctimas puedan acceder a los servicios que necesitan. ¿Pero qué encontramos? Encontramos recortes, también encontramos que se interseccionan muchos problemas, como la falta de acceso a viviendas, problemas económicos que evitan salir de este ciclo, problemas de salud... son tantas cosas las que se mezclan que, si no las atendemos no resolvemos el problema”, destacó.

“Con miedo, tú no logras transformaciones genuinas”

Ante la posible idea de legislar por medidas más punitivas contra agresores de parejas tras los más recientes incidentes, la trabajadora social Joselyn Serrano expuso que un acercamiento como ese no proveerá ni a corto ni a largo plazo soluciones para atajar la violencia de género en la Isla, dado que este es un problema que, de raíz, comienza tras la pobre atención a la salud mental, la falta de educación y las ideas machistas inculcadas en la sociedad.

“Con castigos, con amenazas y con miedo tú no logras transformaciones genuinas dentro de los seres humanos, que eso es lo que buscamos. Pudiéramos tener a la gente aterrorizada, como en cualquier régimen que hemos visto en la historia, pero la violencia va a seguir estando en las personas, así como las ideas violentas y las soluciones inadecuadas para los problemas”, expresó la integrante del podcast “Viviendo sin permiso”.

Serrano también manifestó que la respuesta a esta situación por la que el país lleva bajo estado de emergencia hace más de tres años, está en la educación emocional desde temprana edad, que consistiría en enseñarle a la niñez cómo identificar sus emociones y de qué maneras las pueden manejar adecuadamente.

De hecho, opinó que este tipo de educación debería ser alta prioridad para las instituciones ante el escenario de un país con una situación económica crítica, altos niveles de incidencia criminal y bajo un problema colonial de más de cinco siglos.

La psicóloga en formación también abogó por la implementación de la perspectiva de género, tanto a nivel educativo como a nivel institucional, para reconocer las inequidades que las personas pueden afrontar según su identidad de género. Incluso, lamentó la tergiversación que ha tenido esta filosofía por parte de sus opositores, mayormente del ala conservadora.

“Tenemos que dejar de mezclar temas aquí. La iniciativa de educar con perspectiva de género es una perspectiva que aborda hasta el manejo emocional, así como todos los aspectos del ser humano de manera holística, por eso ha demostrado ser tan efectiva. Pero en Puerto Rico se ha tergiversado, ya sea por un propósito en específico o desconocimiento, con otros temas que ha llevado a entender que esto se trata de un plan de la comunidad LGBTQ+ de volver gay a los niños, que no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra, cuando esta educación pretende enseñarle a los seres humanos a convivir y hacer este mundo mejor basado en el respeto y la equidad”, manifestó.