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Por Irene Garzón Fernández

De primera mano

Terrenos a sobreprecio, Corredor Ecológico del Noreste (CEN)

02/25/2014
(mbayon@primerahora.com)
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Si usted se creía que lo que leyó la semana pasada en este espacio en relación a la compra gubernamental a sobreprecio de terrenos ubicados en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN) era altamente irregular, los detalles que leerá a continuación seguramente le parecerán escandalosos.

Detalles escandalosos

Si usted se creía que lo que leyó la semana pasada en este espacio en relación a la compra gubernamental a sobreprecio de terrenos ubicados en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN) era altamente irregular, los detalles que leerá a continuación seguramente le parecerán escandalosos. Los datos fueron suministrados por la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste, que ha encabezado la defensa de la preservación de los terrenos de alto valor ambiental. Veamos. Lo primero es que la Coalición pudo confirmar que lo que pagaron las administraciones de Aníbal Acevedon Vilá, Luis Fortuño y Alejandro García Padilla entre 2007 y 2013 a los propietarios que querían realizar proyectos turísticos en los terrenos no fueron los $28 millones que se había dicho originalmente, sino la friolera de $36,650,000.

Se trata de terrenos tasados previamente a razón de $1,000 la cuerda que, al final, fueron pagados a precios entre $10,000 y $70,000 por cuerda. Fíjese que la tasación previa era del año 2000 y los acuerdos de compra se pagaron de 2007 a 2013, cuando las propiedades perdieron significativamente su valor en todo el País. En agosto de 2007, siendo gobernador Acevedo Vilá, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) compró al proponente del San Miguel Resort cerca de 278 cuerdas de terreno por un total de $12.5 millones, o a razón de $45,000 por cuerda. Se trataba de terrenos que, según la Junta de Planificación, solo podían usarse para fines agrícolas o de conservación, pues la gran mayoría eran humedales e inundables.

El proyecto San Miguel Resort nunca obtuvo permiso alguno para su construcción. En diciembre de 2008, el DRNA le compró al mismo proponente otras 167 cuerdas por $11.5 millones, a un promedio de $66,760 la cuerda. Y en junio de 2010, bajo la administración Fortuño, la misma agencia adquirió 121 cuerdas adicionales por $8.5 millones, o sea, pagando la cuerda a un promedio de $70,200.

En mayo de 2013, ya con García Padilla en la gobernación, el DRNA compró unas 90 cuerdas en las que se proponía construir el Dos Mares Resort, colindantes con la finca Convento Norte y dentro del Corredor, al precio de $3.5 millones. Los terrenos de humedales se tasaron en unos $10,600 la cuerda, mientras que los que estaban fuera de zonas inundables, pero designados para uso agrícola, pasaron en unos $94,400 por cuerda. Dos Mares tampoco obtuvo permiso alguno para construirse. En resumen, el precio promedio pagado por el DRNA, con fondos estatales y federales, en las cuatro transacciones fue de $54,000 la cuerda. Con estos precedentes es que los proponentes de otro proyecto frustrado, Costa Serena, en Piñones, fueron a los tribunales para exigir un pago similar si el Gobierno finalmente decide expropiar los terrenos. La Coalición del Corredor estima que, en vez del precio original de expropiación fijado en poco menos de $5 millones, por los terrenos de Costa Serena, que tampoco obtuvo permisos de construcción, podría tener que pagarse más de $32 millones. ¿Qué le parece?

De cal y de arena

La reacción virulenta del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, a la decisión unánime del Tribunal Supremo de validar la constitucionalidad de la ley de reforma del retiro de los jueces contrasta con las expresiones mesuradas del gobernador Alejandro García Padilla. Mientras el gobernante consignó que la decisión era “un paso más en nuestro camino para reconstruir a Puerto Rico”, Bhatia tronó contra el Supremo imputándole tener una finca privada y defender sus propios intereses por encima de los del país.

Bhatia también les echó en cara a los jueces del Supremo que los legisladores se redujeron su compensación en 40%. Lo cierto es que los salarios y emolumentos de la judicatura tienen rango constitucional, no así los de los legisladores, por lo que el argumento de Bhatia lo que hace es comparar chinas con botellas.

Amenaza infundada

Resulta injustificada la advertencia del presidente cameral Jaime Perelló al gobernador Alejandro García Padilla de que si no presenta prontamente su plan de recuperación económica para evaluación legislativa, la Cámara dará paso a su propio plan. Antes de que la Cámara aprobara la semana pasada la emisión de bonos por $3,500 millones que está próxima a salir al mercado, el equipo económico del gobernador, encabezado por Melba Acosta, se reunió largamente con el caucus de la mayoría popular cameral para explicarles los planes del Ejecutivo. De hecho, el jueves, el mismo equipo económico hizo lo propio con el caucus popular senatorial.

“Off the record”

La ex presidenta  cameral Jenniffer González  critica ahora las decisiones económicas del gobernador Alejandro García Padilla, pero se olvida de las que tomó ella el cuatrienio pasado. Nada más hay que recordar los contratos astronómicos de Zaida “Cucusa” Hernández, Heidi Wys y Edwin Mundo.