Ante la preocupación de los golpes a largo plazo que pudiera provocar la inflación que ha producido la guerra en Ucrania, y los estragos de la pandemia del COVID-19 al bolsillo del consumidor puertorriqueño, el legislador del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Rivera Segarra, hizo un llamado al Gobierno de Puerto Rico a retomar la conversación sobre la generación de políticas públicas que garanticen la seguridad alimentaria en la Isla.

En entrevista con Primera Hora, el representante del Distrito 22 se pronunció preocupado luego que un informe que elaboró el Ministerio de Agricultura de España, que mide la evolución nacional de las remuneraciones de los productores, estimara un alza del 26.54% en el costo general de productos a partir de diciembre. Particularmente, ese mismo informe proyecta un incremento de 35.09% en el índice de precios al consumidor en productos agrícolas.

Además, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes indicó que la misma información proyecta un repunte de más de 45% en el precio del cereal de ganado, lo que provocaría, según su apreciación, un disparo en los precios de los demás productos.

“Mi preocupación era y sigue siendo que, si nosotros no comenzamos a buscar un plan a corto y largo plazo, estamos hablando de que tal vez exista el producto en Puerto Rico, pero no vamos a tener la asistencia económica en nuestros hogares para poder comprar ese producto”, indicó.

“Yo, que represento a Adjuntas, Lares, Utuado, Jayuya, que son los pueblos de la montaña. En mi mayoría, somos gente humilde y pobre, sin fuentes de ingreso, que hay una alta tasa de dependencia en lo que nosotros conocemos como cupones y la tarjeta de la Familia”.

“Ahora mismo y si tienes tres hijos, o cuatro, tienes que, quincena a quincena, saber qué escoger; tal vez este mes puedo comprar este producto, pero el mes que viene no. Por eso es que mi preocupación redunda en que va haber una escasez. ¿Por qué? Porque tal vez el producto lo tengamos, pero no podemos comprarlo”, destacó.

Por consiguiente, Rivera Segarra envió una carta hace dos semanas al gobernador Pedro Pierluisi y a la comisionada residente Jenniffer González para destinar unos fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, en inglés) para ayudar a agricultores locales a sufragar los gastos que induciría un aumento drástico al precio del cereal de ganado y evitar “el golpe en cadena al bolsillo de nosotros”.

Igualmente, el legislador de la pava urgió al Primer Ejecutivo a reconsiderar el Proyecto de la Cámara 10, que buscaba crear el Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria, que sufrió un veto en marzo de este año “sin alguna razón explicativa”, puntualizó.

La medida, de la autoría del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, el representante Héctor Ferrer Santiago y la delegación popular en la Cámara Baja, tenía como fin brindar “el más completo asesoramiento, análisis y desarrollo de propuestas para el diseño de una política pública que atienda áreas como: seguridad alimentaria, aseguramiento de abasto de alimentos, protección y reactivación de terrenos agrícolas y la formación de agro empresarios locales y mercados agrícolas”.

“Ese comité era libre de costo. No afectaba el erario público, eran gente que se iban a reunir mensualmente para asesorar al gobernador y presentar un plan a largo y a corto plazo sobre cómo debemos prepararnos (para atajar la crisis alimentaria)”, planteó.

“Yo soy de los que creo que debemos prepararnos siempre para lo peor, esperando lo mejor. Y una de las cosas que estoy criticando es que aquí no hay planificación de nada. Aquí, en Puerto Rico, se gobierna año tras año, día a día, y no hay planes que tú puedas concretar, no los hay. Y con las advertencias que nos está diciendo el mundo creo que es hora de hacerlos”, enfatizó Rivera Segarra, al tiempo que llamó a que dichos protocolos de contingencia incluyan a atender poblaciones vulnerables como los confinados y los estudiantes del sistema de instrucción pública.