El Departamento de Agricultura presentó en el mes de septiembre una petición al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para que se aumente el precio en que los caficultores boricuas venden su cosecha de café de $18 a $22 el “almud”, una medida española que equivale a 28 libras.

La petición es evaluada en la actualidad por un comité, informó la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo.

La pregunta es si la movida pudiese verse reflejada al final de la cadena e impacte el bolsillo de los consumidores, cuando la mayoría de los boricuas se consideran “cafeteros”. Pero, el director ejecutivo de la organización Productores de Café de Puerto Rico (Procafé), Carlos Javier Acosta, alegó que no habría tal impacto, ya que la mayoría del café que se consume en la Isla es importado.

Según el secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, el precio del almud es el mismo que estaba fijado desde la época del huracán María, el 2017. Es de $18.

La petición de Agricultura es que se le pague al caficultor $22 por cada 28 libras de café maduro recogido.

“El DACO regula el precio del café. El precio del café por almud maduro está regulado. Si no se revisa anualmente, desalienta al obrero agrícola a recogerlo. Por eso, el Departamento de Agricultura insiste que hay que hacer un cambio de política pública en desregular eso y que se encargue el mercado de asignarle el valor correcto a eso. Si seguimos con las políticas públicas del pasado, de precios, vamos a afectar al caficultor, que es quien lo recoge, que es quien lo busca, quien lo lleva y no se le paga lo justo a ellos tampoco”, explicó el titular.

El director de Procafé aceptó que para los caficultores “no hay tema más importante que el precio del café”.

Señaló que lo que se reclamó es “un precio justo para su producción”. Coincidió con el secretario de Agricultura en que se solicita los $22 por almud.

Alegó que “el tema se confunde con el precio del café (que paga el consumidor). Pero, realmente, la producción de café de Puerto Rico, que sería la que se impactaría por un aumento de precio al productor, es lo que estamos pidiendo, que se levante a $18 a algo más real, que entendemos es $22”.

Alegó que los $18 por almud es un precio “bien fuera de contexto con los gastos de las fincas, que han aumentado con los gastos de fertilizantes, los gastos de insumo, etcétera. Eso es un tema importante para el productor de café local”.

Rechazó que este aumento se refleje al final de la cadena, en el precio de la tasa del café o en el paquete que se presenta en la góndola del supermercado.

“El aumento al productor local, de aquí, prácticamente no impacta el precio en la góndola porque es tan pequeña el porcentaje de la producción en Puerto Rico versus el café importado que llega a la góndola, que no toca el precio. Nosotros consumimos 220,000 quintales de café al año, el país, y el año pasado se produjeron como 36,000 quintales. Así que la gran mayoría es café importado. Así que cuando van a hablar del precio del productor local, siempre mezclan el tema con el precio del café semitostado, que es el café que se importa de otros países para completar la producción y se ponen complicaciones políticas, porque la administración no quiere que se vea que van a aumentar el precio del café. La realidad es que el aumento al productor local no impacta prácticamente el precio al consumidor final. Es simplemente justicia al caficultor”, precisó Acosta.

La propuesta es evaluada en la actualidad por el DACO, en un comité en el que hay un representante de un caficultor, explico el secretario de Agricultura.

Mientras, la secretaria del DACO expuso que se analiza “una solicitud de aumento en los renglones del café en Puerto Rico. Conforme dispone la Ley número 5 de 1973 y el Reglamento del Comité de Precios, toda propuesta de ajuste en precios debe ser evaluada por dicho Comité, el cual no puede emitir recomendación alguna hasta tanto reciba y analice toda la información técnica y económica requerida. No fue hasta finales de septiembre que el Departamento de Agricultura completó la entrega de los documentos y datos solicitados, por lo que la evaluación se encuentra actualmente en curso”.

Estableció que “la política pública del DACO es clara: evitar aumentos injustificados que afecten al consumidor. Por tanto, no se ha tomado decisión alguna sobre el aumento propuesto, hasta tanto se evalúen todos los factores con el rigor y la transparencia que el proceso exige”.

No se precisó cuándo se pudiese informar lo que ocurra con esta evaluación. Acosta alegó que la información que tenían es que la decisión pudiese estar tomada para finales de noviembre.