National Public Radio recibirá cerca de 36 millones de dólares en subvenciones para operar el sistema de interconexión de la radio pública de Estados Unidos bajo los términos de un acuerdo judicial con el administrador de fondos del gobierno federal para las estaciones de radiodifusión pública.

El acuerdo, anunciado el lunes por la noche, resuelve parcialmente una disputa legal en la que NPR acusó a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) de ceder a la presión del presidente Donald Trump para cortar su financiación.

Trump dijo en una conferencia de prensa el 25 de marzo que le “encantaría” dejar de financiar a NPR y PBS porque cree que están sesgadas a favor de los demócratas.

NPR acusó a la CPB de violar sus derechos de libertad de expresión de la Primera Enmienda cuando decidió cortar su acceso a los fondos de subvención asignados por el Congreso. NPR también afirma que Trump, un republicano, quiere castigarla por el contenido de su periodismo.

El 2 de abril, la junta de la CPB aprobó inicialmente una extensión de tres años, de aproximadamente 36 millones de dólares, de una subvención para que NPR opere el sistema satelital de “interconexión” para la radio pública. NPR ha operado y gestionado el Sistema Satelital de Radio Pública desde 1985.

Pero los funcionarios de la corporación cambiaron de rumbo y anunciaron que los fondos federales irían a una entidad llamada Infraestructura de Medios Públicos. NPR afirmó que la CPB estaba bajo una creciente presión de la administración Trump cuando la agencia redirigió el dinero a PMI, una coalición de medios que no existía y no estaba autorizada por ley para recibir los fondos.

Los abogados de la CPB negaron que la agencia tomara represalias contra NPR para apaciguar a Trump. Argumentaron que las afirmaciones de NPR carecen de mérito fáctico y legal.

El 1 de mayo, Trump emitió una orden ejecutiva que pedía a las agencias federales que dejaran de financiar a NPR y PBS. El acuerdo no pone fin a una demanda en la que NPR busca bloquear cualquier implementación o aplicación de la orden ejecutiva de Trump. El juez de distrito de Estados Unidos, Randolph Moss, está programado para presidir otra audiencia del caso el 4 de diciembre.

El acuerdo establece que NPR y CPB coinciden en que la orden ejecutiva es inconstitucional y que la CPB no la aplicará a menos que un tribunal lo ordene.

Mientras tanto, NPR acordó retirar su solicitud de una orden judicial que impida a la CPB distribuir fondos a PMI bajo un acuerdo de subvención separado.

Katherine Maher, presidenta y directora ejecutiva de NPR, dijo que el acuerdo es “una victoria para la independencia editorial y un paso hacia el mantenimiento de los derechos de la Primera Enmienda de NPR y del sistema de medios públicos”.

Patricia Harrison, directora ejecutiva de la corporación, expresó que la CPB está complacida de que el litigio haya terminado “y que nuestra inversión en el futuro a través de PMI marque una nueva y emocionante era para los medios públicos”.

El 1 de agosto, la CPB anunció que tomaría medidas para cerrarse después de ser desfinanciada por el Congreso.