El Tribunal de Apelaciones federal para el Primer Circuito de Boston validó hoy el poder de la Junta de Supervisión Fiscal para tomar decisiones finales sobre el presupuesto de Puerto Rico.

La decisión se da tras rechazar la apelación realizada por los líderes legislativos del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez.

“La sentencia de la corte de distrito se afirma”, concluyó el panel apelativo revalidando la decisión de la jueza a cargo de la quiebra del archipiélago borincano, Laura Taylor Swain, sobre la acción del ente federal que controla las finanzas del País de implementar nuevos recortes presupuestarios.

“Promesa autoriza a la Junta a adoptar planes fiscales y el presupuesto que incentiven a la Asamblea Legislativa a promulgar las políticas públicas recomendadas por la Junta y que tengan en cuenta las respuestas de la Asamblea Legislativa a esas políticas públicas recomendadas. De hecho, es difícil ver cómo, sin tales poderes, la Junta podría ser efectiva para lograr el ‘propósito’ del Congreso de ‘proporcionar un método para que [Puerto Rico] logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital’”, se desprende de la decisión.

Asimismo, rechazaron el argumento de los políticos locales de que la decisión de la Junta de certificar su presupuesto sobre la Asamblea Legislativa fue una “invasión ilegal” al poder legislativo resguardado bajo la Constitución.

“Promesa da cuenta del poder de la Asamblea Legislativa según la Constitución: según la disposición preferente de PROMESA, las concesiones de autoridad a la Junta en las secs. 201 y 202 para aprobar los Planes y Presupuestos Fiscales ‘prevalecen sobre cualquier disposición general o específica del derecho territorial’, incluidas disposiciones de la Constitución de Puerto Rico que sean ‘inconsistentes con [Promesa]", indicó el panel de tres jueces.

Esta controversia comenzó en junio de 2018 cuando ambos líderes del PNP demandaron al ente impuesto por el Congreso al alegar que se habían sobrepasado en sus poderes al recortarle el presupuesto por negarse a derogar la Ley 80 de despido injustificado.

“Cuando la Junta certificó el Plan y Presupuesto Fiscal 2019, entonces, ejerció la autoridad otorgada bajo Promesa”, les dijo el Tribunal Apelativo.