Los Ángeles. El Concejo de Los Ángeles aprobó este miércoles de forma unánime una ayuda de renta para los arrendatarios de bajos ingresos, incluidos aquellos que son indocumentados.

Por iniciativa de la concejal latina Nury Martínez, quien ofreció un millón de dólares de fondos discrecionales para ese propósito, la ordenanza buscará ayudar a los indocumentados que viven en Los Ángeles y están enfrentando problemas para pagar sus rentas.

En una reunión virtual en la que solo estuvo presente en la sede del Concejo la presidenta Martínez y algunos funcionarios de la ciudad, los legisladores aprobaron la medida por 14 votos en favor y ninguno en contra.

“Yo misma he destinado un millón de dólares de dineros discrecionales para crear este fondo de ayuda y por eso les pido que aprueben esta medida”, dijo Martínez.

El Departamento de Inversión, Comunidad y Vivienda de Los Ángeles será el encargado de crear y administrar el fondo, que también recibirá donaciones privadas y becas entre otros recursos.

Igualmente fueron aprobadas otras medidas relacionadas, como una que pide que se modifique la ordenanza de responsabilidad bancaria para asegurar que “la ciudad está haciendo negocios con instituciones financieras que están ofreciendo el máximo de las protecciones” a los propietarios y arrendadores de vivienda durante la emergencia de la Covid-19.

Presentada conjuntamente por Martínez y la también concejal latina Mónica Rodríguez, otra ordenanza busca llenar los vacíos dejados por las ayudas federales recientemente establecidas (Families First Coronavirus Response Act y Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act), de las que no se pueden beneficiar los inmigrantes indocumentados.

El analista legislativo en jefe de la ciudad junto con el abogado y el Departamento de Inversión, Comunidad y Vivienda de Los Ángeles revisarán las medidas de alivio federales para presentar recomendaciones de "cómo la ciudad puede enfrentar cualquier vacío de asistencias y recursos" para los indocumentados.

De igual forma, se aprobó una iniciativa que busca proteger la recontratación de trabajadores de hoteles que perdieron su empleo a raíz de la crisis causada por la pandemia, muchos de ellos sin residencia legal en el país.

En Los Ángeles residen cerca de un millón de personas indocumentadas, según un cálculo del Centro de Investigación Pew.