Este 24 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva que facilita la remoción de personas sin hogar de las calles de las diferentes ciudades estadounidenses.

En anuncio se realizó por medio de la página web oficial de la Casa Blanca y explica que esta orden tiene como principal objetivo “restablecer el orden en las ciudades estadounidenses y eliminar a los individuos vagabundos de nuestras calles, redirigiendo los recursos federales hacia programas que aborden el abuso de sustancias y volviendo a la aguda necesidad del compromiso civil”.

En la polémica orden, el mandatario otorga a los gobiernos locales la facultad de remover a las personas sin hogar de las calles e internarlas sin su consentimiento en centros de tratamientos, esto en caso de que tengan enfermedades mentales o puedan representar algún tipo de peligro para los demás.

Esta medida marca un giro radical en la política federal sobre el manejo de la indigencia y en el comunicado publicado en el sitio web de la Casa Blanca el gobierno señala que este es el eje central de un nuevo enfoque de la administración.

“El traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia para que reciban un trato humano mediante el uso adecuado del internamiento civil restablecerá el orden público”, se ordena en el texto.

La medida pide a la fiscal general, Pam Bondi, tomar acciones legales para revocar los precedentes judiciales y los decretos de consentimiento que limitan la capacidad de los gobiernos locales y estatales para trasladar a las personas que viven en las calles y campamentos a centros de tratamiento.

La orden de Donald Trump ha causado gran polémica, en varios sectores sociales, pues alegan una estigmatización y discriminación a este sector de la sociedad. Scout Katovich, abogada del Centro Trone para la Justicia y la Igualdad de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, dijo que la orden demuestra un “notable desprecio” por los derechos y la dignidad de las personas vulnerables.

“Encarcelar a las personas en instituciones cerradas y obligarlas a recibir tratamiento no resolverá el problema de la falta de vivienda ni apoyará a las personas con discapacidad. Lo cierto es todo lo contrario: las instituciones son peligrosas y mortales, y el tratamiento forzado no funciona”, agregó la abogada.