El autor principal de los atentados del 16 de mayo de 2003 en Casablanca, en los que murieron 45 personas, se quejó de sus condiciones carcelarias en la prisión marroquí de Kenitra, donde se encuentran los condenados a muerte.

En una carta abierta difundida hoy por la Comisión Mixta para la Defensa de los Presos Salafistas, el condenado, Mohamed Omari, subrayó que se encuentra en una celda de aislamiento y en cama con la pierna izquierda paralizada "sin asistencia médica".

Asimismo, Omari descartó que sus problemas se deban a la huelga de hambre que hizo durante un mes, y los atribuyó a "la negligencia médica" y "las inyecciones colocadas por el médico durante la huelga de hambre" para salvar su vida.

Omari, que fue condenado en 2003 a la pena capital junto a otros tres kamikazes supervivientes, negó su implicación en los atentados de Casablanca y afirmó que él mismo es también "una víctima de estos ataques".

Los atentados suicidas de Casablanca fueron perpetrados contra el hotel Farah, la Casa de España, un restaurante italiano colindante con el Consulado de Bélgica, la Alianza Israelí y un antiguo cementerio judío, y causaron la muerte de 45 personas, entre ellas cuatro españoles, y decenas de heridos.

Un total de 1.708 personas fueron condenadas por su implicación material o intelectual en atentados terroristas en Marruecos entre 2003 y 2011, de los que 18 recibieron la pena capital.

Del total de condenados, 411 presos fueron posteriormente indultados total o parcialmente tras una medida de gracia del rey Mohamed VI, entre ellos cuatro destacados jeques salafistas, que fueron condenados como ideólogos del pensamiento salafista y, por ende, autores intelectuales de los atentados.

Diversas asociaciones de defensa de los derechos humanos, internacionales y nacionales, han criticado duramente las leyes antiterroristas por haber permitido abusos como las detenciones ilegales.

Asimismo, la Coalición Marroquí contra la pena de muerte ha denunciado en varias ocasiones las condiciones "escandalosas" en que se encuentra el centenar de personas condenadas a muerte, tanto en sus atenciones médicas como en las visitas de sus familiares.

Al respecto, el ministro de Justicia y Libertades, el islamista Mustafá Ramid, dijo el pasado miércoles ante una comisión parlamentaria que su gobierno no tiene intención de eliminar la pena de muerte, según recoge hoy el diario "Al Ahdath al Magrebiya".

La pena capital se aplica en Marruecos a delitos de terrorismo y a otros que causan gran alarma social, como violaciones o asesinato de menores, aunque las ejecuciones no se llevan a cabo desde 1993.