Washington D.C. El Comité de Recursos Naturales superó hoy las objeciones republicanos y aprobó (25-20) el proyecto de ley que persigue un plebiscito federal en 2023 en Puerto Rico entre la estadidad, la independencia y la libre asociación.

Solo un congresista demócrata votó en contra, Jesús “Chuy” García, quien representa el barrio boricua de Chicago (Illinois). Y el único voto republicano a favor fue de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Aunque no está en la agenda del Senado, donde su liderato ha descartado avanzar una medida a favor de la estadidad para la Isla, la intención del líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer (Maryland), es llevar la votación la medida la semana próxima en el pleno de la Cámara de Representantes.

“Ese es el objetivo”, dijo el presidente del Comité, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), tras la votación. Poco antes, Hoyer había también reiterado a este medio su interés en que sea aprobado por el pleno cameral antes del receso de agosto, que comienza el viernes 29 de julio.

La legislación llegó a la comisión con el respaldo de 12 demócratas, incluido Grijalva, autor principal, y cinco republicanos, entre ellos la comisionada González.

Antes de aprobar la legislación, el liderato demócrata derrotó enmiendas republicanas dirigidas a evitar, entre otras cosas, la vigencia de la medida, como incluir el status territorial como alternativa, exigir supermayoría, la adopción del inglés como idioma oficial de Estados Unidos y de las operaciones del gobierno.

Entre las enmiendas derrotadas estuvieron las del republicano Tom McClintock (California), quien propuso incluir el status territorial y “ninguna de las anteriores” como alternativas.

McClintock también impulsó sin éxito requerir dos tercios de los votos para reconocer la fórmula de ganadora, bajo el argumento de que le corresponde al Congreso la última decisión en torno a la estadidad, y convertir el inglés en el idioma oficial de Estados Unidos y en el de operaciones del gobierno de Puerto Rico, incluidas sus oficinas, tribunales y educación pública.

Mientras, el líder de la minoría en el Comité, Bruce Westerman (Arkansas), propuso que, de convertirse en ley el proyecto, su vigencia quede paralizada hasta que se cumplan con los objetivos de la ley PROMESA.

Su colega Laura Boebert (Colorado) abogó porque se elimine el apartado que permitiría una campaña educativa sobre el plebiscito financiada por el gobierno federal.

Otras enmiendas del republicano Jody Hice (Georgia) buscaron impedir la estadidad hasta que Puerto Rico haya pagado toda su deuda pública, Hice también propuso que Estados Unidos mantenga sus bases militares y pueda evitar la influencia de China bajo un Puerto Rico soberano.

Los demócratas, encabezados por Grijalva, Nydia Velázquez y Darren Soto, y la comisionada González se han opuesto a todas las enmiendas republicanas. A viva voz, en opinión de Grijalva, el Comité las rechazó. Pero, las votaciones formales sobre esas enmiendas se producirían más tarde en el día.

“Tenemos aquí que lidiar con un legado de colonialismo”, indicó Grijalva, al abrir la sesión, y subrayar que persiguen darle al electorado puertorriqueño la oportunidad de escoger entre la estadidad, la independencia y la libre asociación. “Quizá mi preferencia no prevalecería en el plebiscito”, comentó, sin decir cuál es.

El líder de la mayoría demócrata de la Cámara baja, Steny Hoyer (Maryland), participó del inicio de la sesión para reafirmar su apoyo a la legislación e indicar que el gobernador Pedro Pierluisi le reiteró el miercoles su respaldo. Al salir de la audiencia, Hoyer reafirmó a este diario que, dependiendo de lo que ocurra en la comisión, intentará colocar la legislación en el calendario de la semana próxima del pleno cameral.

El republicano Westerman reiteró sus críticas al proyecto de ley y afirmó que la atención del Congreso debe estar sobre la red eléctrica, su situación fiscal e infraestructura., y que deben completarse los objetivos de la ley Promesa antes de permitir un cambio en el status político de la Isla.

Westerman insistió además en que se ha querido tramitar la legislación por la vía rápida, sin una audiencia pública sobre el texto de una medida que se presentó el pasado viernes, después de negociaciones a puertas cerradas.

Su colega Jay Obernolte (California) dijo que respalda la estadidad, pero que el trámite acelerado de la legislación le hace oponerse.

El también republicano Garret Graves (Luisiana), tras elogiar el compromiso de la comisionada González con la estadidad, sostuvo que no votará a favor de la medida y precisó que la abrumadora mayoría de los miembros quedaron fuera de las negociaciones sobre el nuevo proyecto de ley.

“Los asuntos que se levantan” -destacando los fiscales, ciudadanía e inmigración-, “son demasiado importantes para actuar sin una deliberación apropiada”, sostuvo Westerman.

El republicano Matt Rosendale (Montana) sostuvo que un Puerto Rico, estado de Estados Unidos, tendría más representación que Montana y que “la gente de Montana no lo va a apoyar”.

Sin respaldo para la legislación entre sus colegas republicanos, la comisionada González defendió el proyecto junto a la mayoría demócrata.

Ante las críticas por la prisa, dijo que es un tema que se ha discutido por años en el Comité y que el proyecto 8393 surge de las discusiones de los pasados nueve meses sobre las legislaciones 1522 y 2070 que se llevaron a vistas públicas.

“¿Alguien me puede decir cuanto tuvimos una audiencia sobre la independencia?”, preguntó Westerman. Mientras, McClintock afirmó que la ley permitiría la plena anexión de Puerto Rico como estado, un año después de una mayoría votar por esa alternativa, pese estar “en bancarrota y mal administrado”.

Westerman, McClintock y Rosendale defendieron principalmente las enmiendas para añadir las opciones del territorio y ninguna de las anteriores, y aludieron al respaldo que tiene el status vigente entre los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

En el Senado, mientras, el senador republicano Roger Wicker (Misisipi) presentó hoy un proyecto de ley para regular un plebiscito federal que incluye el ELA como alternativa.

“Se abrogan la decisión que deben tomar la gente del ELA de Puerto Rico”, dijo McClintock, al cuestionar que los autores de la legislación excluyan el status territorial vigente.

Grijalva señaló que incluir “ninguna de las anteriores” supondría pensar que “hay una opción misteriosa” no territorial, adicional a la estadidad, la independencia y la libre asociación.

Velázquez dijo, por su parte, que la enmienda de McClintock dañaría la legislación y la convertiría en una “burla”. “Tiene razón, yo respaldé el ELA”, le dijo a McClintock, pero sostuvo que las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos demostraron que “Puerto Rico no tiene poderes”, y que el control de su soberanía descansa en el Congreso.

Al oponerse a incluir el status territorial, la comisionada González mencionó que el Ejecutivo federal ha rechazado la posibilidad de crear algo distinto, por medio de un status de “ELA mejorado”. “El Estado Libre Asociado territorial es la principal razón por la cual Puerto Rico todavía se enfrenta a retos sociales, fiscales y económicos”, indicó González.

En torno al inglés como idioma oficial, McClintock dijo que “la estadidad es incompatible con separatismo” y que ya la ley federal exige que la persona que ocupe el puesto de Comisionado de Puerto Rico, residente en Washington, tenga dominio del inglés.

Mientras, la comisionada González sostuvo que Estados Unidos no tiene un idioma oficial y que la Constitución prohibe que el Congreso pueda imponerle un idioma a un estado, aunque mencionó que la intención del gobierno de Puerto Rico es mejorar la enseñanza del inglés.

La demócrata Teresa Fernández Leger (Nuevo México), sostuvo que a su estado no se le denegó la estadidad “por nuestra capacidad para manejar más de un idioma”.

“Es nuestro deber ofrecer un proceso democrático y transparente”, dijo, por su parte, la congresista Velázquez al combatir la enmienda de la republicana Boebert, quien había censurado que no se tenga a la mano un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) sobre el impacto fiscal para el gobierno federal de esta legislación.

Velázquez - quien destacó que la legislación promueve que, por vez primera, la libre asociación sea una alternativa independiente-, afirmó que el cálculo económico verdadero de la medida son los 124 años de colonialismo que han beneficiado a Estados Unidos.

La legislación fue presentada originalmente el pasado viernes con el coauspicio del líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer (Maryland), los demócratas boricuas Nydia Velázquez (Nueva York) y Darren Soto (Florida), y la comisionada González. El lunes coauspiciaron además la legislación los congresistas demócratas Katie Porter (California), Betty McCollum (Minnesota) y Rubén Gallego (Arizona), el delegado demócrata de Guam, Michael San Nicolas, y la congresista republicana María Elvira Salazar (Florida).

El martes, se sumaron los demócratas Teresa Fernández Leger (Nuevo México), Lori Trahan (Massachusetts) y Paul Tonko (Nueva York), y los republicanos Fred Upton (Michigan), John Katko (Nueva York) y Don Bacon (Nebraska).