Miami. Un excongresista de Miami y amigo desde hace mucho tiempo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue condenado a 10 años de prisión el viernes en relación con una campaña secreta de cabildeo de 50 millones de dólares en nombre de Venezuela durante el primer gobierno de Trump.

El republicano David Rivera ha estado encarcelado desde que un jurado lo declaró culpable en mayo de todos los cargos, entre ellos, no registrarse como agente extranjero y conspirar para cometer lavado de dinero como parte de su trabajo para el gobierno del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Rivera, de 61 años, se mostró impasible mientras la jueza Melissa Damian lo reprendía por traicionar la misión de su vida, al señalar que, sin duda, muchos de sus amigos lo habrían juzgado de la misma manera si los millones de dólares que recibió hubieran provenido del régimen cubano en lugar de sus aliados en Caracas.

“Nadie aceptaría que eso está bien y no creo que esto sea diferente”, afirmó la jueza. “No hay duda de que este dinero vino del régimen de Maduro”.

El juicio, que duró siete semanas, ofreció una mirada poco común al papel de Miami como cruce de caminos de campañas de influencia extranjera destinadas a dar forma a la política de Estados Unidos hacia América Latina, y subrayó la reputación de la ciudad como imán para cruzados anticomunistas y para la corrupción dentro de su numerosa población exiliada.

Se incluyeron testimonios del secretario de Estado del presidente Donald Trump, del representante de Texas, Pete Sessions, y de un importante cabildero de Washington, todos los cuales declararon que se sintieron traicionados al enterarse del enorme contrato de consultoría de Rivera con una filial con sede en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Los abogados de Rivera planean apelar y en junio solicitaron un indulto presidencial. El excongresista enfrenta otros cargos federales en Washington, D.C., en un caso relacionado de cabildeo extranjero.

Los fiscales dijeron que la traición incluía nombres en clave: “Sombrero” y “Miss Clairol”

En una acusación formal revelada en 2022, los fiscales afirmaron que Rivera fue reclutado por la entonces canciller Delcy Rodríguez —hoy presidenta interina de Venezuela— para usar conexiones republicanas y lograr que el primer gobierno de Trump abandonara su línea dura y las sanciones asfixiantes contra Venezuela.

Como parte de la ofensiva de seducción, Rivera y una coacusada, la consultora política Esther Nuhfer, intentaron manipular a amigos influyentes, entre ellos, Rubio y Sessions. Su objetivo era normalizar las relaciones con el nuevo gobierno de Trump aun cuando el gobierno de Maduro enfrentaba sanciones por graves acusaciones de violaciones de derechos humanos.

Pero Rivera y Nuhfer no revelaron su trabajo de cabildeo como se exige, por temor a que eso hubiera terminado con la carrera política de Rivera como firme anticomunista, argumentaron los fiscales durante el juicio.

“Estados Unidos y el público fueron las verdaderas víctimas de este fraude”, sostuvo el fiscal federal adjunto Roger Cruz al pedir una condena severa. “Usó su posición de confianza y la traicionó de manera constante y repetida”.

Para ocultar su trabajo, alegan los fiscales, Rivera también creó un grupo de chat cifrado llamado MIA —por Miami— con su principal enlace con el gobierno de Maduro: el magnate venezolano de los medios Raúl Gorrín, quien posteriormente fue acusado en Estados Unidos de sobornar a altos funcionarios venezolanos.

Los miembros del grupo usaban palabras en clave, en tono juguetón, para hablar de sus actividades: Maduro era el “conductor del autobús”, Sessions “Sombrero”, Rodríguez “La Dama de Rojo”, y sus pagos inesperados “La Luz”, según copias de mensajes de texto presentadas al jurado. A Rubio lo conocían como “Miss Clairol”, por el tinte para aclarar el cabello.

La defensa dijo que solo faltaba papeleo para que el contrato de 50 millones de dólares fuera ilegal

En la audiencia de sentencia del viernes, los abogados de Rivera repitieron su argumento del juicio de que el excongresista creía que no tenía obligación de revelar el trabajo. El contrato de tres meses por 50 millones de dólares con la firma unipersonal de consultoría de Rivera, dijeron, se centraba en atraer de vuelta a Venezuela al gigante petrolero ExxonMobil, un trabajo comercial que por lo general está exento de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

“David Rivera no merece morir en prisión porque no presentó un registro FARA”, manifestó el abogado defensor Ed Shohat en la audiencia del viernes. “Si hubiera presentado ese papel, ese formulario, todo lo que hizo, incluido el contrato de 50 millones de dólares, que distorsionó totalmente este caso, es perfectamente legal”.

Totalmente distintas de ese trabajo de consultoría, sostienen, fueron las reuniones de Rivera con Rubio y Sessions, que se centraron en facilitar un gobierno en Venezuela que fuera menos hostil hacia Estados Unidos, y no en apoyar a Maduro para normalizar relaciones con Washington.

“No hay ni una palabra en ningún chat, ni un documento, ni una sola cosa que haya hecho para ayudar a Nicolás Maduro”, afirmó Shohat.

Los fiscales dijeron que Rivera usó el contrato con la filial, PDV USA, con sede en Nueva York, como cobertura para un cabildeo ilegal.

“Se trata de un caso clásico de lavado de dinero”, señaló la jueza el viernes al rechazar la moción de Rivera para reducir el rango de las directrices federales.

¿A dónde fue a parar el dinero? A un yate de lujo, entre otras cosas

Los socios intentaron ocultar el trabajo —fechando documentos de manera retroactiva y elaborando acuerdos ficticios, como uno para justificar una transferencia bancaria de 3,75 millones de dólares a una empresa del sur de Florida que daba mantenimiento al yate de lujo de Gorrín—, dijeron los fiscales.

La actividad política incluyó organizar reuniones para Rodríguez en Nueva York, Caracas, Washington y Dallas. Como parte del esfuerzo, Rivera involucró a Sessions, quien más tarde intentó intermediar una reunión para Rodríguez con el ejecutivo de ExxonMobil que asumió como director general cuando Rex Tillerson se convirtió en secretario de Estado de Trump en su primer mandato. Tras una reunión secreta en Caracas con Maduro, Sessions también aceptó entregar una carta del presidente venezolano a Trump.

Sin embargo, el acercamiento se desmoronó rápidamente. En los primeros seis meses tras asumir el cargo, Trump sancionó a Maduro y lo calificó de “dictador”, poniendo en marcha una campaña de “máxima presión” para sacar del poder al presidente.

Y ahora, casi una década después, Rodríguez ha surgido como la socia de confianza del segundo gobierno de Trump tras el derrocamiento de Maduro por parte del ejército de Estados Unidos.

El excompañero de casa de Rubio ya había enfrentado escándalos, pero los cubanoestadounidenses lo apoyan

Antes de ser elegido al Congreso en 2010, Rivera fue un legislador de alto rango en Florida y compartió una casa en Tallahassee con Rubio, quien con el tiempo se convirtió en presidente de la Cámara de Representantes de Florida.

Rivera enfrentó controversias previas, incluidas acusaciones de que financió en secreto a un candidato demócrata sin posibilidades de triunfo en una contienda parlamentaria de 2012. El año pasado, los fiscales federales retiraron ese caso después de que un tribunal de apelaciones anulara una multa considerable impuesta por un tribunal inferior. Rivera también fue investigado —pero nunca acusado— por presuntas violaciones a las normas de financiamiento de campañas y por un contrato de 1 millón de dólares con una empresa de apuestas mientras servía en la Legislatura de Florida.

A pesar de todo eso, Rivera sigue siendo popular entre la cúpula cubanoestadounidense de Miami.

Amigos del excongresista, como el expresidente de la Universidad Internacional de Florida y la supervisora de elecciones del condado Miami-Dade, llenaron la sala del tribunal para mostrar su apoyo.

Sessions, en una carta en la que pidió clemencia y que su jefe de despacho leyó para que constara en actas, dijo que su excolega en el Congreso dedicó décadas al servicio público, gran parte de ello centrado en defender la libertad y la democracia.

“No creo que sea productivo para la sociedad enviar a David lejos por un tiempo muy, muy largo”, declaró Liliana Ros, integrante desde hace años del comité republicano de Miami.