Los principales negociadores del lado republicano, los congresistas Garret Graves y Patrick McHenry, dijeron este martes tras una reunión con sus contrapartes del Gobierno que todavía hay “una brecha significativa” entre las posturas de ambos grupos. En concreto, los conservadores, liderados por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, tratan de que la Administración del demócrata Joe Biden acepte reducir los niveles de gasto y equipararlos a los del año fiscal 2022. La Casa Blanca ha ofrecido congelarlos en niveles de 2023, pero de momento se niega a rebajar el gasto público, optando por contra por aumentar la recaudación -algo a lo que se oponen los republicanos. Tras una reunión entre McCarthy y Biden este lunes, el republicano criticó la postura de los progresistas, asegurando que “lo que tiene Estados Unidos no es un problema de recaudación, sino un problema de gasto”.

Si el Congreso no es capaz de alcanzar un acuerdo y el país acaba por incurrir en un impago de su deuda pública, los más perjudicados a nivel social, según el director de estrategia de mercados de la gestora Ostrum AM, Axel Botte, serían las familias, los beneficiaros de la Seguridad Social y las Fuerzas Armadas. A nivel de inversión, por otro lado, los más afectados serían las instituciones que poseen valores del Tesoro y también la renta variable, dijo la gestora en un informe. El grupo, al igual que la firma Detsche Bank, considera improbable que el país acabe por incurrir en un impago, pero advirtió de que una rebaja de la calificación crediticia, como sucedió en 2011 durante una anterior crisis sobre el techo de deuda, podría “afectar a los títulos de deuda estadounidenses a corto plazo, lastrar los mercados de renta variable y espolear a los activos refugio, como el oro y el yen japonés”.

Sí, aunque lo normal es que el Congreso apruebe aumentar el límite de deuda sin condiciones, como pide ahora la Casa Blanca. Sin embargo, en 2011, con Barack Obama como presidente, los republicanos se negaron a aumentar el techo de deuda hasta que el Gobierno no aceptó capar el gasto público durante años. El acuerdo de entonces llegó dos días antes de que el país incurriera en un impago de la deuda, lo que llevó a la agencia de riesgo Standard and Poor’s (S&P Global) a rebajar la calificación crediticia del país desde “AAA” a “AA+”. Según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense (GAO, en inglés), el enfrentamiento provocó un aumento de $1,300 millones en los gastos de financiación para ese año.

Algunos analistas y políticos han tratado de ofrecer alternativas a un acuerdo en el Congreso, como la posibilidad de que el Tesoro acuñe una “moneda de un billón de dólares” para depositarla en la Reserva Federal y después retirar el dinero para pagar las cuentas del país. Otra opción que gana cada vez más adeptos es la de que Biden utilice una enmienda constitucional -conocida como la Enmienda 14- para elevar el techo de deuda sin pasar por la aprobación del Congreso, como le han pedido algunos representantes de su propio partido. Sin embargo, la Casa Blanca apuesta de momento por tratar llegar a un acuerdo con los republicanos, mientras trata de desvincular las negociaciones sobre el presupuesto del acuerdo para elevar el techo de deuda, que según el Gobierno debería realizarse sin condiciones -como ya ha sucedido en más de 70 ocasiones desde la década de los 1970.