El costo del seguro federal contra inundaciones ha aumentado cerca de un 90% en los últimos cinco años, hasta alcanzar un promedio de aproximadamente $1,100 anuales, mientras millones de propiedades en Estados Unidos permanecen expuestas a inundaciones sin contar con una póliza que cubra estos daños.

Un análisis de The Associated Press reveló que apenas el 2.4% de las propiedades del país —unas 4.5 millones— cuenta actualmente con cobertura del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP). En contraste, alrededor del 8.4% de las propiedades enfrenta un riesgo grave o extremo de inundación.

La diferencia se ha ampliado en los últimos años. El número de pólizas federales vigentes se redujo en aproximadamente 500,000 durante un periodo de cinco años, mientras las primas aumentaron y el riesgo de inundaciones se mantiene elevado en distintas regiones del país.

Uno de los principales problemas es que las pólizas tradicionales de seguro de vivienda generalmente no cubren los daños provocados por inundaciones. Para proteger una propiedad frente a este tipo de desastre es necesario contar con una póliza específica, ya sea a través del NFIP o de una aseguradora privada.

El NFIP fue creado por el Congreso en 1968 y ofrece cobertura a propietarios, inquilinos y negocios en comunidades que participan en el programa. Para muchos propietarios, la cobertura federal puede alcanzar hasta $250,000 para la estructura de la vivienda y $100,000 para sus pertenencias.

Sin embargo, no todas las propiedades consideradas de alto riesgo están obligadas a tener este seguro. Los requisitos dependen, entre otros factores, de los mapas de riesgo de inundación elaborados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Mapas de riesgo bajo escrutinio

El análisis de AP encontró que los mapas federales no siempre reflejan adecuadamente el peligro de inundaciones, particularmente en áreas donde el riesgo proviene de lluvias intensas tierra adentro.

El caso de Kentucky ilustra la diferencia. Durante las inundaciones de 2022, solo el 2.1% de las propiedades afectadas contaba con seguro contra inundaciones, pese a que aproximadamente el 47% se encontraba en zonas consideradas de riesgo grave o extremo. Además, apenas el 18% de los edificios afectados estaba dentro de una zona de alto riesgo identificada por los mapas de FEMA.

La situación también se observa en otras zonas del país, incluidas áreas costeras de Luisiana. De acuerdo con expertos citados por AP, las mayores brechas de cobertura suelen aparecer en comunidades con menos recursos y en lugares donde las inundaciones provocadas por lluvias intensas no están plenamente reflejadas en los mapas oficiales.

El incremento en el precio de las pólizas está relacionado principalmente con el sistema Risk Rating 2.0, implementado por FEMA para calcular las primas tomando en cuenta de manera más detallada el riesgo particular de cada propiedad.

Aunque el sistema busca establecer precios más vinculados al riesgo real, su implementación provocó aumentos importantes para numerosos asegurados. En algunos casos, los incrementos han llevado a propietarios a cancelar sus pólizas.

El problema es particularmente complejo para comunidades que enfrentan inundaciones recurrentes pero cuyos residentes tienen dificultades para asumir el costo de una póliza.

Millones vulnerables

La combinación de primas más altas, mapas de riesgo que no siempre reflejan todos los peligros y una reducción en el número de pólizas ha creado una importante brecha de protección.

Para quienes no tienen seguro, la ayuda federal después de un desastre puede ser limitada y no necesariamente cubre el costo total de reconstruir una vivienda. Durante las inundaciones de Kentucky de 2022, FEMA otorgó cerca de $90 millones en asistencia directa, una cantidad equivalente aproximadamente a una quinta parte del estimado más bajo del costo de reconstrucción.

El desafío para el programa federal consiste en mantener las pólizas accesibles para los propietarios, cobrar primas que reflejen el riesgo real y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad financiera del sistema.

Mientras continúan las discusiones sobre posibles cambios al programa, millones de propiedades permanecen en zonas vulnerables a las inundaciones sin contar con una cobertura específica para enfrentar sus consecuencias.