Un enfrentamiento sobre la Segunda Enmienda ha estallado entre el gobierno federal y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos demandó el martes al territorio estadounidense, a su departamento de policía y al director policial Mario Brooks, acusándolos de obstruir y negar sistemáticamente a los ciudadanos el derecho a poseer y portar armas.

Las Islas Vírgenes requieren que los solicitantes demuestren “una buena razón para temer por su vida o sufrir un gran daño a su persona o propiedad”, y que tengan “dos personas creíbles” que avalen su necesidad de un arma de fuego. La ley local también exige que alguien tenga “buen carácter moral” para obtener un permiso de armas, que es válido por hasta tres años y se aplica a una sola arma.

La demanda afirma que no se ha establecido ni definido un estándar específico para “buen carácter moral”. También sostiene que los demandados “regularmente” se niegan a emitir permisos a aquellos que por ley son “considerados una persona inapropiada” por el comisionado de policía del territorio.

La demanda indica que aquellos en el territorio estadounidense también deben “someterse a registros domiciliarios intrusivos y sin orden judicial” como una condición para obtener un permiso de armas. Si un solicitante se niega a una inspección domiciliaria, que lleva “varios meses a un año para programar y completar”, el gobierno no procesa su solicitud, según la demanda.

Añade que el departamento de policía “niega licencias de armas de fuego a solicitantes que de otro modo estarían calificados siempre que considere que el solicitante tiene ‘demasiadas’ armas de fuego”.

Además, la demanda acusa a las islas de exigir que los solicitantes “gasten dinero innecesariamente para instalar una caja fuerte”, y que esta esté anclada al suelo o a la pared de su hogar.

La demanda acusa a los demandados de desafiar “precedentes vinculantes de la Corte Suprema para frustrar los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley”.

Señala que esos ciudadanos “tienen un derecho fundamental a poseer armas en sus hogares” y portar pistolas públicamente con el propósito de defensa propia inmediata.

La demanda fue presentada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Solicita que un juez determine que los demandados están violando la Segunda Enmienda y busca una orden judicial para prohibirles implementar leyes locales relacionadas con la emisión de licencias de armas de fuego.

El gobierno de las islas dijo en un comunicado el martes por la noche que está revisando la demanda y tomando las acusaciones en serio.

Señaló que la administración del gobernador Albert Bryan Jr. y el vicegobernador Tregenza A. Roach “está comprometida con la protección de los derechos constitucionales mientras mantiene la seguridad pública”.

El comunicado indica que las acusaciones se abordarían en los tribunales y que no se emitiría ningún comentario adicional.

La demanda fue presentada mientras la administración del presidente Donald Trump impulsa la expansión de los derechos de tener armas. El año pasado, Trump afirmó que la Segunda Enmienda estaba “bajo asedio” y se describió a sí mismo como “el mejor amigo que los propietarios de armas han tenido en la Casa Blanca”.