Concord, Nueva Hampshire. El gobierno del presidente Donald Trump tambalea en su agresiva búsqueda de la pena de muerte, al reexaminar casos en que sus predecesores decidieron explícitamente no solicitar la pena capital.

Desde que asumió el cargo en febrero, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, ha autorizado a los fiscales a solicitar la pena de muerte contra 19 personas, incluidos nueve acusados en casos en que el gobierno del entonces presidente Joe Biden había solicitado sentencias menores.

Pero, los jueces han bloqueado esos intentos de revocación para todos los acusados excepto dos, el más reciente el lunes en un par de casos en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, lo que pone en evidencia los límites del poder del gobierno de Trump para revocar decisiones en casos que ya están muy en curso.

Al buscar la pena capital, el Departamento de Justicia busca cumplir la promesa de campaña de Trump de reanudar las ejecuciones federales después de que fueran suspendidas por Merrick Garland, el secretario de Justicia de Biden.

El Departamento de Justicia del presidente republicano ha acusado al gobierno demócrata anterior de suplantar “la voluntad del pueblo con sus propias convicciones personales” al no solicitar la pena de muerte en muchos casos relacionados con crímenes atroces.

No se han emitido opiniones detalladas en los dos casos más recientes, que involucran a un hombre acusado de asesinar a un policía en 2022, y a dos hombres acusados de robo a mano armada y asesinato en 2018. Sin embargo, otros jueces que han rechazado los intentos de revocación por motivos constitucionales y procesales fueron contundentes en su evaluación del enfoque del gobierno de Trump.

“El gobierno ha procedido con precipitación en este caso y, al hacerlo, ha pasado por alto derechos constitucionales y legales importantes”, escribió en junio Stephanie Gallagher, jueza federal del distrito de Maryland —designada por Trump—, al anular la notificación de intención de solicitar la pena de muerte contra tres presuntos miembros de la pandilla MS-13 acusados de asesinar a dos chicas adolescentes en 2020. “Eso es inaceptable”.

“Ceguera deliberada” vs. “gestión básica”

La autorización para el procesamiento por pena capital suele darse años antes del juicio, pero en el caso de Maryland, la fiscalía presentó la notificación de pena de muerte menos de cuatro meses antes de la fecha prevista para que el juicio iniciara. Ninguno de los acusados estaba representado por abogados especializados en litigios de pena de muerte, a lo que habrían tenido derecho bajo la ley federal debido a la complejidad de los casos capitales y sus posibles consecuencias.

“El gobierno no se anda con rodeos aquí: la única razón de su cambio de postura sobre la pena de muerte fue el cambio de gobierno”, escribió Gallagher, quien calificó la “ceguera deliberada” del gobierno ante las diferencias entre los juicios capitales y los juicios no capitales como “alarmante”.

“Este tribunal no dejará de lado décadas de leyes, estándares profesionales y normas para ajustarse al empeño del gobierno por llevar adelante su agenda”, escribió. “Por supuesto, las elecciones tienen consecuencias, y este gobierno tiene derecho a buscar la pena de muerte en los casos en que pueda hacerlo de acuerdo con los requisitos constitucionales y legales. Pero, este no es uno de ellos”.

Los fiscales en Maryland y en Nevada declinaron hacer comentarios, pero en documentos judiciales argumentaron que el Departamento de Justicia tiene la “facultad inherente” de reconsiderar decisiones previas y que el momento de la notificación de la pena de muerte fue “objetivamente razonable”, dado que los acusados tuvieron años para prepararse para el juicio.

“La secretaria de Justicia simplemente ha reconsiderado una decisión anterior, lo cual es su prerrogativa, y ejercer esa autoridad inherente no constituye una falta de conducta, sino una gestión y gobernanza básicas”, escribió la fiscal federal de Maryland, Kelly Hayes. “En ningún momento el gobierno hizo una promesa (jurídicamente) vinculante. Decidir no presentar ciertos cargos no es una promesa de no hacerlo”.

Estado de revisión de casos anteriores ordenada por Bondi

Trump, cuyo primer gobierno llevó a cabo un récord de 13 ejecuciones federales, firmó una orden en su primer día de regreso a la Casa Blanca que obliga al Departamento de Justicia a solicitar la pena de muerte en los casos federales pertinentes y a apoyar la pena capital en los estados.

Bondi, quien ha dicho que solicitará la pena de muerte “siempre que sea posible”, levantó rápidamente la moratoria de la era Biden sobre las ejecuciones federales y ordenó la revisión de las decisiones tomadas por el gobierno anterior.

El plazo de 120 días para dicha revisión venció sin que se haya informado oficialmente sobre los resultados, pero un funcionario sénior del Departamento de Justicia dijo a The Associated Press que se han examinado todos los casos, excepto unos 30.

El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato según los términos establecidos por el departamento, reportó que Garland emitió aproximadamente 1,400 decisiones de no solicitar la pena de muerte, de las cuales todas menos 459 ya habían sido plenamente resueltas para cuando Trump asumió el cargo.

Bondi no es la primera secretaria de Justicia en revisar casos anteriores: No sólo Garland autorizó un único caso de pena de muerte durante su tiempo en el cargo, sino que también retiró 35 notificaciones de intención de solicitar la pena capital emitidas por sus predecesores. El Departamento de Justicia señala que la revisión ordenada por Bondi fue esencialmente “la otra cara de la moneda” de la medida de Garland, y que fue la decisión correcta para garantizar consistencia y lograr justicia para las víctimas y sus familias.

Una experta nacional opina

No obstante, Robin Maher, directora ejecutiva del Death Penalty Information Center (Centro de Información sobre la Pena de Muerte), apuntó que, si bien las acciones del gobierno de Biden reflejaron la disminución del apoyo público a la pena capital, Trump ha pasado eso por alto.

“Así que su entusiasmo por el uso de la pena de muerte difiere no solo del enfoque más cauteloso del presidente Biden, sino también del de todos los demás presidentes en la historia”, dijo Maher, cuya organización no adopta una postura sobre la pena capital, pero critica la manera en que se aplica.

Queda por ver si las revocaciones se mantendrán en dos de los casos. En los demás, los tribunales han dado la razón a los acusados que expresaron que confiaron razonablemente en las garantías ofrecidas por el gobierno anterior. En documentos judiciales, los abogados de algunos de los acusados manifestaron que habrían buscado acuerdos con la fiscalía o se habrían opuesto a posponer las fechas del juicio de haber sabido que la decisión sobre la pena de muerte sería revertida.

“En algunos de estos casos, se tomaron caminos muy diferentes cuando se dieron esas garantías”, dijo Maher.

En Nevada, la fiscalía notificó a Cory Spurlock sobre su intención de solicitar la pena de muerte tan solo 12 días antes de su juicio por la muerte de una pareja de California en 2021. Al anular esa notificación en mayo, la jueza Miranda Du dijo que el gobierno se quedó muy corto en su justificación de su “revocación total en el último momento”. El juicio comenzó esta semana después que la fiscalía retirara su apelación contra el fallo de la jueza.

“El gobierno decidió —y ciertamente no por inadvertencia ni accidente— revertir el curso de un asunto de importancia crítica, que involucraba la vida de Spurlock, menos de dos semanas antes del juicio, con pleno conocimiento de que dicha revocación tendría un impacto caótico en el avance de este caso y haría imposible proceder al juicio en la fecha prevista”, escribió Du, quien fue nominada por el presidente demócrata Barack Obama. “En las circunstancias actuales, esto equivale sin duda a tomarse a la ligera las órdenes del tribunal en particular, y del proceso judicial en general”.