Juez decidirá si se hacen públicos los documentos judiciales relacionados con registro del domicilio de Ilhan Omar
Omar, una ciudadana estadounidense naturalizada nacida en Somalia, ha sido blanco de la retórica antiinmigrante del presidente Donald Trump.

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Más de un mes después de que agentes federales registraran la casa de la congresista Ilhan Omar, un juez federal escuchó este martes los argumentos sobre una solicitud presentada por medios de comunicación para que se desclasifiquen los expedientes judiciales relacionados con el registro —y con una investigación por fraude migratorio que, según la demócrata de Minnesota, tiene motivaciones políticas—.
Más de una docena de medios de comunicación, entre ellos The Associated Press, sostienen que el público tiene, en virtud de la Primera Enmienda, el derecho a acceder a la orden de registro y a otros documentos judiciales que dieron lugar al registro realizado el 12 de octubre en la casa de Omar en Washington, D.C., por parte de agentes del Departamento de Seguridad Nacional.
Durante una audiencia sobre la solicitud, el juez presidente James Boasberg dijo que está de acuerdo con los abogados del Departamento de Justicia en que es prematuro hacer pública una declaración jurada de una orden de registro que contiene detalles delicados de la investigación del gobierno. Sin embargo, el juez señaló que revisará de manera privada otros documentos judiciales sellados para determinar si pueden hacerse públicos tan pronto como la próxima semana.
Omar ha dicho que el registro fue un intento de “atacar a los enemigos políticos”
Omar, una ciudadana estadounidense naturalizada nacida en Somalia, ha sido blanco de la retórica antiinmigrante del presidente Donald Trump y de muchos aliados republicanos. Omar, quien ha negado haber cometido algún delito, dijo en una publicación en redes sociales que el registro fue un “intento de atacar a enemigos políticos y utilizar a las fuerzas del orden federales como arma”.
Las autoridades federales están investigando un posible fraude en la documentación migratoria de su familia y han emitido citaciones del gran jurado a algunos de sus familiares, según informó el mes pasado a la AP una persona al tanto de la investigación, quien pidió permanecer en el anonimato porque no estaba autorizada a hablar sobre una investigación en curso.
Los agentes llevaron a cabo el registro autorizado por un tribunal menos de un mes antes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que Omar logró su reelección. El Departamento de Justicia ha evitado tradicionalmente realizar acciones de investigación públicas que involucren a un candidato en los 60 días previos a una elección.
Omar ha dicho que los agentes del DHS confiscaron 17 objetos, entre ellos teléfonos, cuadernos, un libro infantil en somalí y una cámara antigua que su esposo había recibido como regalo.
Boasberg le dio al gobierno hasta el viernes para que le presentara las propuestas de censura de los documentos judiciales sellados que podrían arrojar luz sobre algunos de los argumentos legales subyacentes relacionados con la investigación sobre Omar. El juez señaló que las versiones censuradas de esos documentos podrían darse a conocer tan pronto como el próximo lunes.
El gobierno afirma que la declaración jurada de la orden de registro contiene información confidencial de la investigación
La declaración jurada de la orden de registro, de 67 páginas, que contiene información sobre testigos y otros detalles de la investigación, permanecerá en secreto por el momento. En un escrito judicial presentado el mes pasado, el gobierno argumentó que desclasificar los expedientes judiciales antes de que se tome una decisión sobre la imputación pondría en riesgo la investigación.
Los abogados de los medios de comunicación sostienen que las preocupaciones del gobierno en materia de privacidad quedan eclipsadas por el “enorme interés público y la importancia histórica que reviste una orden de registro ejecutada en el domicilio de un congresista en ejercicio”.
La abogada del Departamento de Justicia, Alessandra Serano, dijo que el gobierno no pretende mantener la declaración jurada bajo secreto de sumario de manera permanente.
“Esa no es nuestra postura. Nunca ha sido nuestra postura”, le dijo al juez.
Boasberg señaló que el vicepresidente JD Vance y el secretario del DHS, Markwayne Mullin, ya se han pronunciado públicamente sobre los detalles de la investigación sobre Omar. Serano dijo que no puede controlar lo que otros miembros de la administración Trump digan sobre el caso.
“Parece ser un tema recurrente”, respondió Boasberg.
Boasberg, quien fue designado para el tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, es a su vez blanco frecuente de la ira de Trump. Trump pidió el año pasado la destitución de Boasberg después de que el juez impidiera que el gobierno del presidente deportara a El Salvador a grupos de migrantes venezolanos en aviones, en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
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Este contenido fue traducido del inglés al español utilizando inteligencia artificial y fue revisado por un editor antes de ser publicado.

