Una jueza federal bloqueó el miércoles el más reciente intento del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento, concediendo un interdicto preliminar contra una orden ejecutiva que, según el gobierno, estaría dirigida al “turismo de parto”.

La orden de la jueza de distrito Deborah L. Boardman, en Maryland, estará vigente hasta que se resuelva una demanda colectiva presentada por familias inmigrantes y grupos defensores de derechos de los inmigrantes.

“La Corte Suprema ya se pronunció: los niños en la acción colectiva son ‘ciudadanos al nacer’”, declaró Boardman, designada al cargo por el presidente Joe Biden.

La ley actual garantiza la ciudadanía por nacimiento para cualquier persona que haya nacido en suelo estadounidense, con algunas excepciones. La norma se remonta a 1868, cuando se ratificó la 14ª Enmienda al finalizar la Guerra Civil.

Pero Trump busca desde hace tiempo poner fin a la ciudadanía por nacimiento y emitió una orden ejecutiva previa en la que declaraba que los niños cuyos padres están en Estados Unidos temporalmente o sin autorización legal no son ciudadanos estadounidenses. La Corte Suprema anuló esa medida en junio pasado.

El presidente lo intentó de nuevo el mes pasado, cuando firmó una orden ejecutiva más puntual que parecía restringir la ciudadanía automática para ciertas categorías de personas, incluidos niños nacidos de adultos con vínculos a embajadas, organizaciones extranjeras o algún otro ente considerado “enemigo extranjero” de Estados Unidos.

Dicha orden definía el turismo de parto como el acto en que una persona entra a Estados Unidos con una “visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en suelo estadounidense”. El turismo de parto ya es considerado una práctica fraudulenta y motivo suficiente para restringir una visa solicitada con el fin específico de obtener la ciudadanía para un hijo.

La orden buscaba negar la ciudadanía a niños cuyos padres “participaron en una transacción comercial para comprar u obtener la ciudadanía por nacimiento”. Algunas familias expresaron temor de que a sus hijos se les pueda negar la ciudadanía por el simple hecho de que compraron boletos de avión para viajar a Estados Unidos y quedaron embarazadas después de llegar al país.

Las familias y organizaciones que presentaron la demanda dijeron al tribunal que la Casa Blanca ha adoptado una visión muy amplia sobre quién es considerado enemigo extranjero, además de que en ocasiones se apoya en especulaciones o información errónea para tomar esa determinación.

Otros afirmaron que temían que a sus hijos se les niegue la ciudadanía debido a que un integrante de la familia extendida de sus padres estuviera vinculado a una pandilla en su país de origen, aunque los padres no pertenecieran a las pandillas.

La incertidumbre en torno a la orden les provocó confusión y miedo afirmaron las familias.

A la demanda se sumaron las organizaciones We Are CASA, Asylum Seeker Advocacy Project y el Institute for Constitutional Advocacy and Protection.

Los abogados del gobierno argumentaron que la solicitud para bloquear la orden era prematura y sostuvieron que las agencias federales encargadas de su aplicación usarían las “medidas apropiadas” para hacerlo, basándose en una guía oficial que aún no se ha emitido.

La jueza rechazó ese argumento.

“Independientemente de lo que diga la guía, la Orden Ejecutiva de 2026 instruye a las agencias a negar documentos de ciudadanía a varias categorías de niños”, escribió Boardman.

“La Casa Blanca debe reconocer que no logrará despojar a los niños de su derecho a la ciudadanía, eludir decisiones judiciales vinculantes ni colocar a la agenda antiinmigrante del presidente por encima de la Constitución”, declaró Shana Khader, directora jurídica de We Are CASA.

La Casa Blanca no respondió de momento a una solicitud de comentarios.