Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pinta a los cientos de personas arrestadas en manifestaciones de protesta contra las injusticias raciales como radicales de izquierda violentos. Una investigación de la Associated Press, que revisó miles de páginas de documentos legales, sin embargo, ofrece un panorama muy distinto.

Muy pocos de los acusados parecen militar en organizaciones extremistas y muchos son jóvenes suburbanos de los barrios donde fueron detenidos, que son los mismos barrios que Trump dice protegerá de la violencia.

El secretario de justicia William Barr pidió a los fiscales que radiquen cargos federales a los manifestantes que promuevan la violencia e insinuó que podría acusarlos de sedición, un cargo rara vez empleado. El Departamento de Justicia presiona para que se mantenga detenidos a los arrestados en momentos en que las cárceles liberan a reos peligrosos por el COVID-19 y se les dijo a los fiscales que estén conscientes del peligro que pueden representar las encarcelaciones.

Abogados y defensores de los derechos civiles se preguntan por qué interviene el Departamento de Justicia en estos casos. Dicen que son jurisdicción de los tribunales estatales, que generalmente aplican condenas más livianas. Y arguyen que las autoridades nacionales parecen estar aplicando mano dura en un esfuerzo por desalentar las protestas.

“Es algo muy inusual, sin precedentes en la historia de Estados Unidos”, declaró Ron Kuby, un abogado que ha representado a cantidades de personas detenidas en manifestaciones. “Estas conductas son siempre juzgadas a nivel municipal y estatal”.

No es que no haya habido episodios de violencia. Los manifestantes quemaron autos de la policía. Algunos policías sufrieron lesiones o quedaron ciegos. Se rompieron ventanas, hubo saqueos y se destruyeron comercios.

Algunos de los encausados sin duda son izquierdistas que se oponen al gobierno, tienen antecedentes policiales o portaban armas ilegalmente. Otros son gente de otros estados que se sumaron a las manifestaciones y no faltan los que son acusados de usar las protestas para robar y provocar caos.

Pero muchos nunca tuvieron encontronazos con la policía ni tienen vínculo aparente alguno con antifa, como se denomina a agrupaciones izquierdistas que Trump quiere declarar terroristas.

Por más que la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, Trump usa la consigna de “ley y orden” como uno de los caballitos de batalla de su campaña de reelección.

Y el gobierno procura mantener a los manifestantes detrás de las rejas mientras esperan juicio en medio de una pandemia del COVID-19 que mató a más de 210,000 personas en Estados Unidos.

En Texas, el juez federal Andrew Austin pidió varias veces al fiscal que justifique su pedido de detención de Cyrul Lartigue mientras espera juicio luego de que se le encontrase material para hacer bombas molotov en su mochila. Lartigue, de 25 años, dijo que había cometido “una estupidez” y familiares y amigos lo describieron como una persona honesta, que vive con sus padres y nunca tuvo problemas con la policía.

El juez dijo que hay cantidades de personas “que hacen algo estúpido, que es peligroso, y ni nos pasa por la cabeza detenerlos”.

El magistrado dispuso que Lartigue no permanezca detenido mientras espera su juicio.