Una nueva ley de Misisipi autorizará al principal organismo policial del estado a elaborar una lista de todos los inmigrantes que residen ilegalmente en el estado.

El uso que se le dará a esa información sigue siendo una incógnita. Sin embargo, la ley que entrará en vigor el miércoles está despertando la alarma entre los defensores de los inmigrantes, que temen que pueda convertirse en una nueva táctica para perseguir a los inmigrantes, en conjunción con el plan del presidente Donald Trump de deportar a millones de personas que carecen de autorización legal para residir en EE. UU.

La ley establece que el Departamento de Seguridad Pública del estado «podrá utilizar todos los medios de investigación legales y razonables a su alcance» para determinar el número y la identidad de todos los «extranjeros ilegales» en Misisipi. Esto incluye recopilar sus nombres, direcciones, país de origen y si son adultos o menores. También incluye registrar cualquier antecedente penal, así como la fecha, el lugar y el estado de los procedimientos de expulsión.

Se ordena al departamento que comparta con las autoridades estatales y locales la información sobre las personas sospechosas de infringir la ley. La medida no exige ni prohíbe que la base de datos se comparta con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

La senadora estatal republicana Angela Hill, promotora de la medida, afirmó que los estados tienen el derecho y la obligación de colaborar con el Gobierno de Estados Unidos para frenar la inmigración ilegal, que, según ella, facilita delitos como la trata de personas y el tráfico de drogas.

«La nueva ley me parece una cuestión de sentido común», afirmó Hill. «Para abordar los problemas causados por la inmigración ilegal, debemos comprender la magnitud del problema. Determinar el número y la identidad de los inmigrantes ilegales en Misisipi es una forma concreta de comprender mejor el problema».

Las leyes de inmigración se están multiplicando en los estados

A nivel nacional, los estados ya han promulgado más de 100 leyes relacionadas con la inmigración este año, según un recuento de Associated Press.

En los estados gobernados por los republicanos, esas medidas se han ajustado, en general, con la agenda de Trump al exigir a los sheriffs locales que firmen acuerdos de cooperación con el ICE, reforzar las restricciones de acceso a las prestaciones públicas y ordenar a los secretarios electorales que cotejen los censos electorales con el sistema federal «Systematic Alien Verification for Entitlements» (SAVE), con el fin de identificar a los no ciudadanos.

Los estados gobernados por el Partido Demócrata se han opuesto en general a Trump con nuevas leyes que prohíben los acuerdos de colaboración con el ICE, vetan tácticas de este organismo como el uso de máscaras y restringen las medidas de control de la inmigración en colegios, hospitales y otros lugares sensibles sin órdenes judiciales.

Lo más parecido a la nueva ley de Misisipi parece ser un decreto de 2021 del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. Dicha medida ordenaba al Departamento de Policía de Florida «utilizar todos los medios de investigación legales a su alcance» para determinar el número y la identidad de todos los «extranjeros ilegales» que hubieran sido trasladados desde la frontera suroeste del país hasta Florida.

La agencia de Florida no respondió a una solicitud de información de la AP sobre los resultados de la orden ejecutiva.

Por su parte, la Administración de Trump ha intensificado la aplicación de una ley federal que lleva décadas en vigor y que obliga a los no ciudadanos a registrarse ante el Gobierno de Estados Unidos.

Hay quien se pregunta cómo funcionará la ley de Misisipi

La ley de Misisipi prevé algo más que un recuento puntual. Establece una labor continua para realizar un seguimiento de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en el estado durante los próximos dos años. Esto podría resultar complicado, ya que hay personas que se quedan más tiempo del permitido por sus visados, solicitan nuevas formas de estatus legal y se trasladan al estado o se marchan de él.

«Hoy puedes encontrarte en situación irregular, mañana tener un estatus legal, el mes que viene volver a perderlo y, dentro de tres meses, recuperarlo», afirmó Efrén Olivares, vicepresidente de litigios y estrategia jurídica del National Immigration Law Center, una organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los inmigrantes con bajos ingresos.

«Es prácticamente inviable, pero también resulta muy preocupante, porque recuerda de forma inquietante a otros países que han elaborado listas de determinados grupos de personas», afirmó Olivares.

«Las autoridades estatales tendrán que idear “una forma creíble y prácticamente infalible de determinar correctamente la situación migratoria de una persona”», afirmó Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Centro de Estudios sobre Inmigración, un centro de estudios sin ánimo de lucro que defiende las restricciones a la inmigración.

Sin embargo, Vaughan afirmó que la ley «tiene mucho sentido» y añadió que «aumenta la probabilidad de que la presencia ilegal de una persona llame la atención de las autoridades federales».

Defensores de derechos humanos afirman que la ley podría minar la confianza

Misisipi tiene uno de los porcentajes más bajos del país de inmigrantes que residen ilegalmente en el estado —menos de 28,000 personas, lo que supone menos del 1 % de su población—, según un informe del American Immigration Council, que se basó en datos de la Oficina del Censo de 2023.

La nueva ley «es muy preocupante por un montón de razones diferentes», entre ellas la posibilidad de que los recursos de las fuerzas del orden se desvíen de la protección de la ciudadanía hacia la investigación de personas de otros países que podrían estar contribuyendo a la economía, afirmó Victoria Francis, subdirectora de iniciativas estatales y locales del American Immigration Council, una organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los inmigrantes.

«Una medida como esta da pie a la discriminación por perfil y a convertir a comunidades enteras en objetivos», afirmó Francis.

«La ley podría minar la confianza entre la policía y los vecinos», afirmó Lydia Grizzell, responsable de políticas y defensa de la Unión Americana por las Libertades Civiles de Misisipi.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.