El gobierno de Trump intenta acelerar las evaluaciones medioambientales sobre docenas de grandes proyectos energéticos y de infraestructuras durante la pandemia del COVID-19, como prospecciones de gas y petróleo, peligrosas conducciones de combustible, parques eólicos y proyectos de autopistas en varios estados, según documentos proporcionados a The Associated Press.

El plan para acelerar la aprobación de los proyectos se puso en marcha después de que el presidente, Donald Trump, ordenara en junio al Departamento del Interior y otras agencias que hicieran informes medioambientales menos exhaustivos, amparándose en los poderes especiales de los que dispone durante la emergencia del coronavirus.

Más de 60 proyectos señalados para los reportes ambientales rápidos aparecían en un anexo a una carta del 15 de julio de la secretaria asistente de Interior, Katherine MacGregor, al asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow.

La carta, a la que tuvo acceso el Centro de Diversidad Biológica a través de una demanda sobre libertad de información, no especifica cómo podría acelerarse el proceso de evaluación. Señala que los proyectos energéticos, medioambientales y de recursos naturales “están dentro de la autoridad de la Secretaría de Interior para su ejecución o avance”.

La lista incluye propuestas del sector del gas y el petróleo, como el campo gasífero Converse de 5,000 pozos en Wyoming o la terminal Jordan Cove de gas natural en Virginia.

Otros proyectos señalados son mejoras en autopistas de Carolina del Sur, Georgia, Florida y otros estados; diques para tormentas e iniciativas de recuperación de humedales en Luisiana; el acueducto de Lake Powell en Utah; parques eólicos en Nuevo México y en aguas de Massachusetts y proyectos mineros en Nevada, Idaho, Colorado y Alaska.

El plan de acelerar grandes proyectos es una “concesión” a industrias que se ganaron el favor de Trump, según el ambientalista Brett Hartl.

“Construir una planta de gas natural licuado no va a resolver el problema que afecta al país”, dijo Hartl, director de asuntos gubernamentales en el Centro de Diversidad Biológica. “Aquí es donde podríamos ver daños medioambientales en el futuro, porque se están saltando pasos en el proceso”.

El grupo demandó al gobierno ante un tribunal federal para forzar la publicación de documentos relacionados con la orden de Trump, después de que su primera petición dentro de la Ley de Libertad de Información se viera rechazada.

En su carta, MacGregor señaló que los plazos de algunos proyectos se habían abreviado antes de la orden del presidente. Algunos de los incluidos en la lista se habían completado poco antes, como la aprobación de las prospecciones en el Refugio Ártico Nacional de Vida Silvestre.

Funcionarios del Departamento del Interior no respondieron a las preguntas de AP sobre cómo se estaban acelerando las auditorías medioambientales y si se estaba eximiendo el cumplimiento de alguna norma. La petición de acelerar los reportes está en línea con el énfasis del gobierno de Trump en reducir la carga regulatoria sobre las corporaciones.

El portavoz del secretario de Interior, David Bernhardt, indicó en un comunicado por correo electrónico que el gobierno está tomando medidas para mejorar la toma de decisiones del gobierno y asegurar que las consecuencias medioambientales son “analizados cuidadosamente”.

“Durante demasiado tiempo, infraestructuras, (iniciativas) de energía de crucial importancia y otros proyectos de desarrollo económico se han visto innecesariamente paralizados por burocracia federal”, dijo el vocero Conner Swanson.

En su orden de junio, el presidente dio instrucciones a los agentes federales para que pidieran exenciones de emergencia a las leyes medioambientales básicas, como la Ley Nacional de Política Medioambiental y la Ley de Especies Amenazadas, para acelerar proyectos de infraestructuras que impulsaran la recuperación económica.

Swanson dijo que la medida era necesaria porque el virus había desacelerado grandes segmentos de la sociedad y provocado un enorme desempleo.