El presidente Donald Trump anunció esta noche que enviará al Senado el nombramiento de los siete miembros actuales de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico.

Trump – crítico del manejo de las finanzas en la Isla y quien ha buscado frenar nuevas asignaciones del Congreso a la Isla relacionados al huracán María-, refirió al Senado los nombramientos de los integrantes de la JSF, a poco más de dos semanas de que venza la moratoria otorgada por el Primer Circuito de Apelaciones federales en torno al funcionamiento del ente fiscal.

A base de la decisión de mediados de febrero pasado del Primer Circuito, la cual la JSF ha pedido al Tribunal Supremo de Estados Unidos que revise, el presidente y el Senado tienen hasta el 16 de mayo para ponerse de acuerdo sobre la confirmación de los actuales integrantes de la JSF o de nuevos integrantes.

Jay Fonseca explica la decisión de Trump:

-Conoce a los miembros de la Junta

Con su acción, Trump propondrá al Senado que confirme a José Carrión, Carlos García, David Skeel, Andrew Biggs, Ana Matosantos, José Ramón González y Arthur González, que han estado en sus puestos desde el 31 de agosto de 2016.

“La Casa Blanca me llamó para informarme”, dijo la comisionada González, en una entrevista telefónica.

A base del mecanismo que fue declarado inconstitucional por el Primer Circuito, seis de los siete miembros fueron originalmente propuestos por los líderes del Congreso, y uno, José Ramón González, fue designado directamente por el presidente Barack Obama.

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Matosantos fue la persona propuesta por la ahora speaker y entonces líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi (California). 

Mientras, Arthur González, aunque técnicamente sugerido por el entonces líder de la minoría demócrata del Senado Harry Reid (Nevada), respondió a la recomendación del que sería su sucesor, Charles Schumer (Nueva York).

El pasado 15 de febrero, el Primer Circuito mantuvo que los miembros de la JSF son funcionarios federales de alto nivel, por lo que el mecanismo creado por la ley Promesa que no requiere la confirmación por el Senado viola la cláusula constitucional de nombramientos.

Entonces, el foro de apelaciones dio un plazo de 90 días para que el presidente nombrara a los actuales integrantes o nuevos miembros, y que fueran confirmados por el Senado de los Estados Unidos.