WASHINGTON — El Departamento de Seguridad Nacional propuso este miércoles una tasa de 70,000 dólares para los estudiantes internacionales que deseen trabajar en Estados Unidos, en lo que supone la última medida del Gobierno de Trump para frenar la matriculación de extranjeros.

Una propuesta normativa obligaría a las universidades a abonar la tasa correspondiente a cada estudiante que participe en el programa opcional de formación práctica, conocido como OPT, que permite a los estudiantes desempeñar trabajos relacionados con su especialidad durante o tras su etapa universitaria. Por lo general, los estudiantes tienen derecho a trabajar durante un año tras la graduación, aunque los titulados en determinadas carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas pueden optar a dos años adicionales.

Las escuelas estarían obligadas a abonar 70,000 dólares por la solicitud inicial de cada nuevo alumno al programa, así como una cuota de 30,00 dólares por cada renovación.

Este cambio supondría un duro golpe para las universidades estadounidenses, que dependen en gran medida de la captación de estudiantes extranjeros como fuente de ingresos por matrículas, así como para las empresas tecnológicas y otros sectores que contratan a muchos estudiantes internacionales para puestos técnicos.

El programa OPT permite a los estudiantes internacionales adquirir experiencia práctica y paliar la escasez de mano de obra en los campos STEM, donde existe una gran demanda, según ha afirmado Fanta Aw, directora ejecutiva de NAFSA, una asociación que representa al sector de la educación internacional.

«Alejar el talento, las perspectivas y las aspiraciones de los estudiantes internacionales solo perjudicará a la innovación, el crecimiento económico, el desarrollo de la mano de obra y el liderazgo mundial de Estados Unidos», afirmó Aw en un comunicado escrito.

En un comunicado, el DHS describió esta tasa como una respuesta al fraude y al abuso del programa de visados, al que calificó de «canal de suministro de mano de obra extranjera barata».

El público dispone de 60 días para presentar sus comentarios sobre la propuesta antes de que el DHS pueda dar su aprobación definitiva y ponerla en vigor. La propuesta también podría ser objeto de recursos judiciales por parte de grupos del ámbito de la educación superior o asociaciones empresariales, lo que podría retrasar su aplicación.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha estado ejerciendo presión sobre los estudiantes internacionales de diversas formas, como parte de sus esfuerzos más amplios por adoptar medidas más estrictas contra la inmigración y reformar la educación superior.

El año pasado, el Gobierno republicano comenzó a revocar de forma repentina la situación legal de miles de estudiantes extranjeros, deteniendo y deportando a muchos de ellos.

Este verano, el Gobierno aprobó una normativa destinada a impedir que los estudiantes internacionales permanecieran en EE. UU. durante más de cuatro años sin la autorización del Gobierno federal. La medida provocó una rápida reacción por parte de los responsables de la educación superior, quienes afirmaron que aumentaría la carga para las instituciones educativas y señalaron que muchos programas tienen una duración superior a cuatro años por su propia naturaleza. Un tribunal federal impidió que la norma entrara en vigor en septiembre.

Hollingsworth informó desde Mission, Kansas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.