Donald Trump no ocultó su disposición a ejercer un enfoque extremo para hacer cumplir las leyes de inmigración y mantener el orden mientras hacía campaña para regresar a la Casa Blanca. Ahora el cumplimiento de esa promesa está a la vista en Los Ángeles.

El presidente ha desplegado a cientos de efectivos de la Guardia Nacional en las calles para sofocar las protestas por las redadas de su gobierno para detener a inmigrantes no autorizados, un despliegue que, según funcionarios estatales y municipales, sólo ha servido para inflamar las tensiones. Trump convocó a la Guardia Nacional de California a pesar de las objeciones del gobernador demócrata Gavin Newsom —la primera vez en 60 años que un presidente lo hace— y está desplegando soldados en servicio activo para apoyar a la Guardia.

Al imponer su autoridad sobre la de Newsom, Trump ya está yendo más allá de lo que hizo para responder a las protestas del movimiento Black Lives Matter en 2020, cuando advirtió que podría enviar efectivos para contener manifestaciones que se tornaran violentas si los gobernadores de los estados no actuaban para hacerlo ellos mismos. En septiembre de ese año, Trump declaró: “no podemos convocar a la Guardia Nacional a menos que un gobernador lo solicite” y “tenemos que apegarnos a las leyes”.

Pero ahora el presidente está movilizándose con rapidez, con poca restricción interna, para poner a prueba los límites de su autoridad ejecutiva con el fin de cumplir su promesa de efectuar deportaciones masivas. Lo que está por verse es si los estadounidenses lo respaldarán una vez que la implemente a nivel nacional, ya que Trump busca asegurar que el Congreso le autorice miles de millones de dólares para expandir drásticamente las operaciones de detención y deportación en el país.

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Por ahora, Trump apuesta a que lo harán.

“Si no hiciéramos el trabajo, ese lugar estaría ardiendo”, les dijo Trump a los periodistas el lunes, refiriéndose a California. “Siento que no teníamos otra opción... No quiero ver lo que ha pasado tantas veces en este país”.

“Una crisis creada por Trump”

Las protestas estallaron el viernes cuando autoridades federales arrestaron a inmigrantes en varios lugares de la extensa ciudad, incluido el distrito de la moda y en una tienda Home Depot. La ira por las acciones del gobierno se extendió rápidamente, e incluso hubo protestas en Chicago y Boston. El lunes seguía habiendo manifestaciones en Los Ángeles.

Pero Trump y otros funcionarios del gobierno permanecieron impasibles, y aprovecharon las imágenes de autos en llamas, grafitis y banderas mexicanas —que, aunque no eran las que predominaban, comenzaron a convertirse en las imágenes definitorias de los disturbios— para reforzar su alegato de que es necesario mantener el orden público.

Las autoridades en el estado más poblado del país también se mostraron desafiantes.

Funcionarios de California se movilizaron el lunes para demandar al gobierno de Trump. El fiscal general estatal, Rob Bonta, argumentó que el despliegue de soldados “pisoteó” la soberanía del estado y pidió que se emita una orden de restricción. Se tenía previsto que el despliegue inicial de 300 elementos de la Guardia Nacional se expandiera rápidamente a los 2.000 que fueron autorizados por Trump.

Alex Padilla, senador demócrata del estado, declaró en una entrevista que “esta es totalmente una crisis creada por Trump”.

“Hay mucha gente a la que le apasiona defender los derechos fundamentales y el respeto al debido proceso, pero el despliegue de la Guardia Nacional sólo sirve para agudizar las tensiones y la situación”, dijo Padilla a The Associated Press. “Es exactamente lo que Donald Trump quería hacer”.

Padilla criticó el despliegue, llamándolo “contraproducente”, y dijo que el Departamento de Policía de Los Ángeles no fue informado antes de que la Guardia Nacional se movilizara por orden federal. Su oficina también ha presionado al Pentágono para que dé una justificación del despliegue, y “hasta donde nos han dicho, el Departamento de Defensa no está seguro de cuál es la misión aquí”, agregó Padilla.

El candidato Trump anticipó la estrategia de inmigración durante la campaña

Mucho de esto era predecible.

Durante su campaña presidencial de 2024, Trump se comprometió a llevar a cabo la operación interna de deportación de mayor magnitud en la historia de Estados Unidos para expulsar a millones de inmigrantes que están en el país sin autorización. A menudo elogió las redadas migratorias de estilo militar del presidente Dwight D. Eisenhower, y el candidato y sus asesores plantearon que tendrían amplio poder para desplegar soldados a nivel nacional con el fin de implementar los amplios objetivos de Trump en las áreas de inmigración y seguridad pública.

El rápido despliegue de soldados en California por parte de Trump contra aquellos a quienes el presidente ha llamado “insurrectos” en redes sociales contrasta marcadamente con su decisión de no emitir ninguna orden ni solicitud formal para convocar a la Guardia Nacional durante la insurrección en el Capitolio federal el 6 de enero de 2021, a pesar de sus repetidas y falsas afirmaciones de que había hecho tal oferta.

Ahora Trump está rodeado de funcionarios que no tienen interés en restringir su poder. En 2020, el entonces jefe del Pentágono de Trump reprendió públicamente la amenaza del mandatario de enviar soldados amparándose en la Ley de Insurrección, una ley de 1807 que faculta al presidente para usar a las fuerzas armadas dentro de Estados Unidos y contra ciudadanos estadounidenses.

El actual secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresó su apoyo en la red social X al despliegue de efectivos en California. Escribió: “La Guardia Nacional, y los infantes de Marina si es necesario, respaldan al ICE”, las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El Departamento de Defensa indicó el lunes que está desplegando unos 700 infantes de Marina en servicio activo en Los Ángeles para apoyar a los soldados de la Guardia Nacional que ya están en el terreno.

La Casa Blanca le responde a un gobernador “incompetente”

El fin de semana, los manifestantes bloquearon una autopista principal y quemaron automóviles autónomos mientras la policía respondía con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras en enfrentamientos que abarcaron varias cuadras del centro de Los Ángeles y en los que se efectuaron varias docenas de arrestos. En la mayor parte de la ciudad no hubo violencia.

Al ver las protestas, Trump decidió ordenar el sábado la movilización de la Guardia Nacional de California a pesar de las objeciones de Newsom. El presidente y sus principales asesores en cuestiones de inmigración acusaron al gobernador de mal manejo de las protestas, y el zar fronterizo Tom Homan declaró en una entrevista con Fox News el lunes que Newsom azuzó los sentimientos anti-ICE y se esperó dos días para declarar que la asamblea era ilegal en la ciudad.

Trump le dijo a Newsom en una llamada telefónica el viernes por la noche que controlara la situación en Los Ángeles, indicó un funcionario de la Casa Blanca. Fue sólo cuando el gobierno sintió que Newsom no estaba restableciendo el orden en la ciudad, y después de que Trump vio la situación agravarse durante 24 horas y funcionarios de la Casa Blanca vieron imágenes de agentes federales con heridas y otro tipo de lesiones, que el presidente decidió desplegar a la Guardia, según el funcionario, a quien se le concedió el anonimato para poder hablar sobre deliberaciones privadas.

“Es un gobernador incompetente”, declaró Trump el lunes. “Miren el trabajo que está haciendo en California. Está destruyendo uno de nuestros magníficos estados”.

Funcionarios policiales locales dijeron que la policía de Los Ángeles respondió tan rápido como pudo una vez que estallaron las protestas, y Newsom afirmó repetidamente que las autoridades estatales y municipales tenían la situación bajo control.

“Los Ángeles no es ajena a las manifestaciones, protestas, mítines y marchas”, expresó Padilla. “La policía local sabe cómo manejar esto y tiene una relación con la comunidad y los líderes comunitarios para poder permitirlo”.

Las medidas enérgicas generaron reacciones entre algunos antiguos aliados de Trump. Ileana Garcia, una senadora estatal de Florida que en 2016 fundó el grupo Latinas for Trump y fue contratada para encabezar el acercamiento con la comunidad latina, declaró que la reciente intensificación de la represión es “inaceptable e inhumana”.

“Entiendo la importancia de deportar a extranjeros criminales, pero lo que estamos presenciando son medidas arbitrarias para cazar a personas que están cumpliendo con sus audiencias de inmigración —en muchos casos, con alegatos creíbles de temor a la persecución—, todo impulsado por un deseo al estilo de Miller de satisfacer un objetivo de deportación autofabricado”, expresó Garcia, refiriéndose a Stephen Miller, un subjefe de despacho de la Casa Blanca y arquitecto clave de la represión de Trump a la inmigración.

Las tácticas podrían ser sólo un adelanto de otras cosas que podrían avecinarse por parte del gobierno de Trump y el Congreso controlado por los republicanos. Legisladores del Partido Republicano están trabajando para aprobar un paquete masivo de impuestos y fronteras que incluye miles de millones de dólares para contratar a miles de nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE. El objetivo, bajo el plan respaldado por Trump, es deportar anualmente a 1 millón de inmigrantes no autorizados a estar en el país y albergar a 100,000 personas en centros de detención de inmigrantes.