El director ejecutivo de la Asociación de Empleados del ELA (AEELA), Pablo Crespo Claudio, manifestó su oposición al proyecto de la Cámara de Representantes 1057, que pretende derogar la Ley Núm. 9 de 25 de abril de 2013, la ley de la Asociación.

“Este proyecto va en contra de los mejores intereses de nuestros 200,000 socios y sus familiares. Entre otras cosas, busca eliminar y disolver la Asamblea de Delegados, que es el cuerpo que gobierna la institución y que está compuesto por empleados públicos electos por el voto directo de sus compañeros. Despoja a los empleados públicos de representatividad en la toma de decisiones sobre los asuntos administrativos, operacionales y financieros de su institución, sobre sus ahorros y dividendos”, afirmó Crespo Claudio en declaraciones escritas.

El proyecto de ley, presentado por la representante María de Lourdes Ramos Rivera, dispone la creación de una junta de gobierno compuesta por 15 miembros, que serían nombrados por el gobernador y los presidentes de los cuerpos legislativos. Además, la figura del delegado se sustituye por la de un coordinador, designado por los jefes de las entidades gubernamentales.

Crespo Claudio denunció, además, que el texto del proyecto establece que “la Asociación sería una institución de carácter público y pretende anular la naturaleza privada de la institución, que pertenece a todos los empleados públicos y pensionados del gobierno, sin distinción de colores, y ponerla a la merced de otros intereses. AEELA no puede estar sujeta a otras consideraciones que no sean los intereses de sus socios dueños, los empleados públicos. Los haberes de la Asociación son propiedad de los empleados públicos y sus familiares y no pueden ser apropiados como pretende el proyecto de la representante Ramos”, explicó Crespo Claudio en el comunicado.

El presidente de la Asamblea de Delegados, Jesús M. Ayuso Cruz, por su parte, argumentó que la trayectoria de AEELA como ejemplo de sana administración y servicios de excelencia se fundamenta en el sistema que permite que la Asamblea de Delegados, electa por los socios, dirija el destino de la institución.

Ayuso Cruz indicó que, recientemente, la Oficina del Contralor de Puerto Rico divulgó un informe de auditoría favorable, para los años 2014 al 2016, sobre las recaudaciones y los desembolsos de la Asociación, en el que se señala que AEELA cerró el año fiscal 2015-2016 con un saldo positivo de casi $300 millones, según aseveró la Oficina del Contralor.

Además, en los últimos tres años fiscales, la Asociación acreditó $280 millones en dividendos a las cuentas individuales de sus socios dueños. El dinero se acreditó a razón de 4.60%, 4.57% y 4.00% por cada año fiscal en proporción al total de ahorros y dividendos acumulados por cada ahorrista.

“Ese buen funcionamiento y sus resultados se ven amenazados cuando pretenden aumentar el porcentaje de los ingresos totales que se puede utilizar para el presupuesto operacional de un 25% a un 30%. A lo largo de su historia, la Asociación ha servido bien a los empleados públicos y ha contribuido a echar adelante el desarrollo socioeconómico del país”, indicó Ayuso Cruz.

El Presidente del Comité Ejecutivo, Bienvenido Agosto Rodríguez, hizo un llamado a los socios y sus familiares a defender la Asociación. “Es lo que nos queda. Nos pertenece a los empleados públicos y pensionados que ahorramos en AEELA, no al gobierno. AEELA es nuestra. No permitamos que destruyan nuestro patrimonio y que pongan en juego nuestros ahorros para aliviar la crisis fiscal por la que atraviesa el gobierno”, concluyó.