Casi un 20% de renuncias se han reportado en el Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1, en su mayoría telecomunicadores, denunció hoy el vicepresidente de la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones, Aramos Cruz-Domínguez.

Según explicó en un parte de prensa, esto supondría un riesgo a la vida y propiedad de los ciudadanos del País puesto que no hay personal suficiente para atender el volumen de llamadas y las necesidades operacionales del 9-1-1.

“Esto es un problema serio que al día de hoy no ha sido atendido por la actual administración. Mientras siguen desangrando el sistema de emergencias 9-1-1 usando los fondos para pagar vehículos de lujo, asignarlo para otros Negociados y en clara violación de las instrucciones de la Federal Communications Commission, el Sistema continúa a la deriva”, sostuvo Cruz Domínguez.

Estas renuncias se unen a las del Negociado de la Policía de Puerto Rico y la falta de personal en el Negociado de Ciencias Forenses, todas miembros de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública liderada por Héctor Pesquera.

La alegada falta de personas persiste luego “que en abril de este año el Comisionado de la Federal Communications Commission (FCC) Michael O’Reilly le exigiera al gobernador Ricardo Rosselló que utilizara los fondos 9-1-1 para garantizar que haya equipo y personal suficiente y listo para atender las emergencias pues durante los pasados años se desviaron millones hacia el fondo general”, dijo.  

“Toda esta crisis en el 9-1-1 se ha acrecentado luego de la Ley 26-2017 que eliminó ilegalmente los beneficios de los trabajadores del Negociado. Esto, pese que la propia Junta de Control Fiscal por escrito dijo que las medidas de austeridad no le aplican al negociado pues sus fondos son regulados por la Ley Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal insiste en que le aplica y no le quiere dar paso a una enmienda a la Ley 26-2017, para resolver este asunto”, alegó.

Esto en referencia al Proyecto del Senado 1059 radicado por los senadores Henry Neumann y José Vargas Vidot a petición del gremio y que está pendiente para la sesión que inicia en enero 2019.

Según la Unión, dicho proyecto aseguraría que los fondos 9-1-1 no se desvíen para otros propósitos no autorizados por la Ley Federal y reinstalaría el Convenio Colectivo en su totalidad para los empleados del Negociado sin tener que acudir a los Tribunales.

“Nosotros esperamos que se apruebe este proyecto y que se detenga el éxodo masivo de empleados muchos de ellos con más de 15 años de experiencia. Es hora de que se atiendan los problemas del Negociado que desde que formó parte del Departamento de Seguridad Pública han ido en picada. También nos unimos al reclamo de otros sectores para que se elimine el Departamento de Seguridad Pública pues la decisión del gobierno de experimentar con la seguridad del país ha fracasado y el Pueblo no aguanta esta crisis más”, sentenció Cruz Domínguez.