Bloquearán la señal de celulares en las cárceles

Por Daniel Rivera Vargas 02/03/2019 |11:45 p.m.
El que un preso tenga un celular le permite a su vez mantenerse cometiendo delitos desde la prisión, siendo el más conocido de ellos el fraude o amenaza mediante llamadas telefónicas. (Archivo)  
Gobierno invertirá millones en tecnología para interrumpir las llamadas y textos originadas detrás de los barrotes.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) adquirirá una tecnología que bloqueará las llamadas de celulares ilegales desde las cárceles del País, lo que podría poner fin a las prácticas de extorsión de muchos reos. 

El Managed Access Services crearía en las cárceles un sistema que, además de impedir llamadas telefónicas no autorizadas, permitirá recopilar información sobre a quién va dirigida la comunicación ilegal, y el contenido de mensajes de texto que traten de enviarse, dijo el secretario del DCR, Erik Rolón Suárez.

Es algo más avanzado que los dispositivos que interrumpían señales en el pasado, conocidos como jammers, y que se llegaron a usar en el complejo carcelario de Guayama, explicó el funcionario. 

 El sistema anterior, y que no funcionó en Guayama, dijo el secretario, podría afectar a personas que estuvieran cerca de la cárcel: vecinos, personas guiando, y que legítimamente usan un teléfono móvil.

El nuevo sistema es diferente, aseguró.

“Hace 15 años no había mucho que hacer, pero hoy día la tecnología es diferente”, dijo el jefe correccional. “Estamos hablando de una tecnología que se conoce como el Managed Access Services. Eso crea una red privada en determinado perímetro donde toda comunicación que no está autorizada está bloqueada. Es un sistema que trabaja un espectro determinado y no interfiere con la libre comunidad”, dijo Rolón Suárez.

Señaló que es una tecnología que ya existe en 10 estados, y Rolón Suárez la ha visto en aplicación en Georgia y Missisippi. 

Aunque estima que el costo del proyecto fluctuaría entre $8 y $12 millones, la realidad es que el precio dependerá del proceso ante la Junta de Subasta del DCR.

 Igualmente, dependiendo de cómo fluya este proceso, el sistema estaría instalado en el complejo carcelario de Ponce –que con 11 instituciones es el más grande del sistema- en el primer trimestre de 2020.

Los celulares están prohibidos en las cárceles, introducirlos es un delito y se consideran material de contrabando. 

En tan solo 9 meses del 2018, se ocuparon 626 teléfonos en las cárceles del país; el 2017 cerró con 1,065 incautaciones de los aparatos, mientras que en el 2016 se confiscaron 522, según estadísticas del DCR.

El que un preso tenga un celular le permite a su vez mantenerse cometiendo delitos desde la prisión, siendo el más conocido de ellos el fraude o amenaza mediante llamadas telefónicas.

“Estamos hablando de que atendemos un problema de seguridad pública. Esto quiere decir que las personas dejarán de recibir llamadas de extorsión desde las cárceles, que sabemos que es un problema que lleva años”, sostuvo Rolón Suárez.

Para policías como el sargento Luis A. Marcial, director de investigaciones de delitos contra la propiedad en San Juan, la adquisición de este equipo es muy positivo.

 “Eso es bueno... hemos recibido información de que es una conducta que usan algunas personas que están dentro del sistema de corrección para lograr que se le facilite dinero”, sostuvo Marcial.

La Policía no tiene estadísticas específicamente sobre este tema a pesar de que versiones de prensa evidencian que la problemática lleva más de una década.

Ordenan asesinatos por teléfono

Las llamadas de celulares desde las cárceles han llegado al punto de, incluso, servir para cometer asesinatos. 

El teniente Osvaldo Albarati fue asesinado en el 2013 por instrucciones dadas desde la cárcel federal por su combate contra el trasiego de celulares en esa institución.

De hecho, allí se llegó a pagar $14,000 por uno de esos aparatos. 

A pesar de la crisis económica del Gobierno, hay dinero para costear los millones del proyecto, según el secretario, porque se pagaría con fondos del pleito Morales Feliciano (demanda de confinados contra el Gobierno por hacinamiento y condiciones infrahumanas en las cárceles). 

El funcionario aseguró que ya ha consultado con los abogados que representan a los reos y que estos han aceptado someter una moción junto al Gobierno para que el tribunal federal avale el uso del dinero para estos fines.

Dijo que se ha hecho en el pasado y que no anticipa problemas.

Bien vigilados

Junto a la subasta por el Managed Access Services, el DCR también emitió un anuncio de subasta para un sistema de vigilancia electrónica en las cárceles de la Isla, dijo Rolón Suárez.

El secretario del DCR dijo que el costo de este sistema comenzaría en los $10 millones, y que se financiaría con fondos de Morales Feliciano, al igual que el sistema para bloquear llamadas.

Aunque anteriores inversiones del Gobierno en cámaras de seguridad parecen pérdida de dinero –las colocadas en residenciales o calles han recibido quejas de que se dañan, son vandalizadas o no funcionan-, Rolón Suárez dijo que el contrato que están buscando incluye mantenimiento, precisamente para que -si le pasa algo al equipo- alguien con conocimiento esté disponible para ponerlo a funcionar. 

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