Sin dar paso al debate y con el rechazo de las minorías y de tres legisladores de la Palma, la Cámara de Representantes aprobó esta tarde un nuevo proyecto de ley -diferente al Senado- que deroga totalmente a partir de 2021 la Ley 80, que protege a los trabajadores del sector privado de despidos injustificados.

Para los que tienen 15 años o menos, el proyecto de ley crea un Fondo de Compensación por Despido Injustificado y Reingreso al Ámbito Laboral de $100 millones, que terminará en enero de 2021 y que se nutrirá con dinero del Gobierno. 

El empleado despedido recibiría un tipo de mesada de hasta un máximo de $5,000. 

La medida fue aprobada tras un intenso cabildeo de varios días en busca de los votos de la mayoría novoprogresista, que ayer incluyó la presencia del secretario de Asuntos Públicos en La Fortaleza, Ramón Rosario, en el hemiciclo cameral.

El proyecto de ley recibió 30 votos a favor de la mayoría y 18 en contra, que fueron de la minoría popular, del independentista Denis Márquez y de los novoprogresistas Gabriel Rodríguez Aguiló, José “Quiquito” Meléndez y Pedro “Pellé” Santiago; los populares Lydia Méndez y Carlos Bianchi, se ausentaron.

“El proyecto deroga la Ley 80 y convierte al gobierno en el abogado y banco de los patronos por los próximos dos años en gran parte de los casos de Ley 80. Es un golpe a los que todos los días salen a trabajar a la empresa privada”, dijo el representante Márquez Lebrón.

El legislador indicó que la medida crea dos categorías de empleados despedidos.

La primera es de las personas que tienen entre uno y 15 años en el empleo y son despedidas, que recibirán una compensación de hasta $5 mil del Departamento del Trabajo y se le van a dividir mensualmente a base de su salario. 

Sin embargo, dijo que contrario a la Ley 80, si la persona despedida consigue trabajo, deja de recibir entonces la mesada, mientras que el nuevo empleador recibiría un subsidio de $4,500.

Márquez Lebrón sostuvo que en la segunda categoría de empleados, que son los que tienen 15 años o más, sólo van a tener las protecciones de Ley 80 por los próximos dos años. 

El portavoz de la delegación popular, Rafael “Tatito” Hernández, dijo que “están creando un fondo” con fondos públicos. “Van a socializar el pago de la mesada”, sostuvo.

“Esto fue un voto por conciencia. No hubo acuerdo de caucus”, dijo por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

El líder legislativo indicó que el dinero del fondo de compensación saldrá de la formula de $345 millones de los acuerdos del gobernador Ricardo Rosselló con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Méndez justificó la medida al indicar que bajo la Ley 80, un empleado que sea despedido injustificadamente y que se gane $1,200 mensuales, “solo tiene derecho a una mesada de $2,900 y ahora recibirá $5 mil”. 

“Esto es la eliminación de la Ley 80 y he dicho y me mantengo firme en que no la favorezco”, consignó, por su parte, el portavoz de la mayoría Rodríguez Aguiló.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo a su vez, en declaraciones escritas, que los senadores atenderán la versión de la Cámara el martes próximo. 

La versión del Senado incluía la derogación prospectiva. 

Según la exposición de motivos de la medida, el fondo es para compensar al empleado afectado por las modificaciones de la ley que busca “convertir a Puerto Rico en una jurisdicción de empleo a voluntad como 49 de los 50 estados de la nación” (Estados Unidos).

La medida establece que a partir de enero de 2019, “un empleado a término indefinido no tendrá una causa de acción en contra de su patrono meramente porque el patrono dé por terminada la relación de empleo”.

Además, dice que “todo empleado despedido de su empleo continuará protegido por todas las demás causas de acción que surjan de las constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico y de las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables”.

En torno a los patronos, la medida establece que tendrán la obligación de cooperar con el Departamento del Trabajo para poner en vigor las disposiciones de la presente ley y cualquier reglamento aplicable. De incumplir esta obligación, el patrono tendrá que reembolsar cualquier gasto incurrido con cargo al Fondo de Compensación.

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