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Cámara aprueba polémico proyecto de libertad religiosa

Por Nydia Bauzá / [email protected] 06/11/2019 |06:18 p.m.
En el Senado, la medida es evaluada por la Comisión de Revitalización Social y su presidenta, la senadora Zoé Laboy ha dicho que podría rendir un informe con enmiendas o un proyecto sustituto. (Archivo)  
Organizaciones opuestas a la medida como la Comisión de Derechos Civiles (CDC), ha advertido que de ser aprobada la pieza legislativa provocará la radicación de pleitos contra el Estado por violaciones de derechos civiles.

La Cámara de Representantes aprobó hoy, en votación de 34-14, el proyecto de la llamada libertad religiosa en las agencias del Ejecutivo, tras un debate de poco más de una hora.

La mayoría novoprogresista cerró filas con la pieza de ley, que también contó con el voto a favor de la representante popular Brenda López de Arrarás. Otros dos populares, Luis Raúl Torres y Luis “Narmito” Lugo, no votaron, al igual que el penepé José “Pichy” Torres Zamora.

El proyecto de ley mantiene las disposiciones del “acomodo razonable” que han sido cuestionadas por grupos de derechos civiles y de la comunidad LGBTTQI+ por creer que permitirían que en empleado de una agencia pública se niegue a dar un servicio a la ciudadanía por considerar que es contrario a sus creencias religiosas.

La polémica medida de administración se aprobó con enmiendas no sustanciales con un informe positivo de la Comisión de lo Jurídico, que preside la representante penepé María Milagros Charbonier.

El representante popular Luis Vega Ramos calificó la medida como un proyecto de odio.

“Esto es una licencia para odiar y yo no me voy a prestar, no me voy a quedar callado. Es un intento de legislar permisos para odiar porque se sea gay, lesbiana, inmigrante, popular o cualquier cosa que por mi religión yo no quiera atender”, argumentó Vega Ramos. 

“¿Cuándo ha estado en riesgo la libertad religiosa en Puerto Rico?, ¿Dónde están los perseguidos religiosos en Puerto Rico? Aquí los perseguidos y las perseguidas son los que para algunos se ven raros, actúan raro, quieren raro o votan de una manera rara… Se podrán esconder detrás de cualquier metáfora, pero odio es odio y amor es amor”, sostuvo el legislador popular. Agregó que contra el odio y la intolerancia “no hay acomodo posible”.

El representante independentista, Denis Márquez Lebrón, subrayó que el proyecto es innecesario y que no aguanta el rigor constitucional. “De lo que se trata es que hay que proteger todos los derechos. No se puede legislar para seguir perpetuando el discrimen”, expresó el legislador pipiolo.

Márquez Lebrón también en su turno tocó algunos argumentos de las ponencias “de los que no dejaron hablar en las vistas públicas”.

En la vista pública que realizó la Comisión de lo Jurídico de la Cámara el pasado 22 de mayo, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad  (CABE) y la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU) abandonaron el salón, luego de que la representante Charbonier restringiera la cantidad de personas que podían expresarse sobre la medida.

“El efecto de este proyecto es regresarnos a los años de 1960 cuando se podía discriminar por el color de la piel, cuando se trató de poner fin a la segregación”, dijo el representante independiente, Manuel Natal Albelo.

Por su parte, la representante Charbonier defendió la pieza legislativa en los 40 minutos que le tocaron a su delegación. “Esta no es una ley discriminatoria, es una ley que protege contra el discrimen”, dijo Charbonier.

Indicó que la libertad religiosa “es un derecho inalienable, fundamental” y sostuvo que “este no es el primer territorio baja la bandera americana que protege la libertad religiosa”.

La medida podría terminar en un comité de conferencias pues en la Cámara Alta la senadora Zoé Laboy Alvarado, quien ha llevado la medida a varias vistas públicas en la Comisión de Revitalización Social, ha dicho que podría rendir un informe con enmiendas o un proyecto sustituto.

Para Laboy Alvarado, la medida no es clara en los casos en que uno o varios empleados de una agencia tengan un acomodo por sus creencias religiosas y no haya nadie disponible para proveer sin dilación, el servicio que es requerido por un ciudadano o ciudadana.

Organizaciones opuestas a la medida, como la Comisión de Derechos Civiles (CDC), han advertido que de ser aprobada la pieza legislativa provocará la radicación de pleitos contra el estado por violaciones de derechos civiles.

Mientras agencias del Ejecutivo, como el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), alegan que no es una medida de discrimen y que permitiría que las personas expresen sus creencias religiosas.

Pero, senadores de minoría han expresado que los servicios que recibe la ciudadanía se verían afectados o dilatados por las solicitudes de acomodo religioso.

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