La alcaldesa del Municipio Autónomo de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, compartió con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, un borrador del proyecto de resolución concurrente para que la Asamblea Legislativa emita una declaración considerando el pago de pensiones, la educación, la seguridad y la salud del pueblo, como áreas de servicios esenciales de conformidad con las disposiciones de la ley PROMESA.

"La Junta debe irse de inmediato de Puerto Rico. Su permanencia es opresiva y una señal clara de que Puerto Rico es una colonia. Sin embargo, mientras permanezca tenemos la obligación de defender al pueblo de su abuso desmedido", dijo la alcaldesa en una comunicación escrita al líder senatorial. 

“Los asuntos relacionados al pago de pensiones, la salud, la seguridad y la educación deben ser considerados como servicios esenciales. Sin embargo, este concepto ha servido como excusa para favorecer intereses privados por encima de las necesidades de nuestro pueblo. Una expresión por parte de la Asamblea Legislativa le daría fuerza al reclamo del pueblo de proteger estos servicios y además ayudaría al Comité de Recursos Humanos de la Cámara federal y a su presidente Raúl Grijalva a enmendar la Ley Promesa y obligar a la Junta a asumir la responsabilidad de garantizar fuentes económicas para estos servicios", afirmó la alcaldesa de San Juan.

En la carta, Carmen Yulín, además hizo referencia al inciso (b) de la Sección 201 de la Ley PROMESA que obliga a la JSF a garantizar la existencia de fondos suficientes para satisfacer los servicios públicos esenciales.  “La Junta, en claro desafío al mandato legislativo, no tan solo ha evadido definir claramente este concepto, sino que ha implementado medidas de austeridad que han tenido el efecto de lacerar la delicada situación fiscal de organismos que proveen servicios esenciales a la ciudadanía”, reza la misiva.

Por otro lado, la alcaldesa explicó que Ley PROMESA establece unos parámetros para el diseño de los respectivos planes fiscales de cada “entidad cubierta”, los cuales deberán “proveer fondos adecuados para los sistemas de pensiones públicas”.   

“El texto de la ley en este sentido no es ambiguo. Precisamente por su lenguaje claro y preciso es que podemos concluir que no hay margen de discreción.  Repito la Junta debe desaparecer, pero mientras esté tenemos una responsabilidad de pelear a favor de los intereses de los boricuas" concluyó Carmen Yulín.