La Oficina de la Contralora solicitó esta tarde al administrador de la Fortaleza, Luis Augusto Martínez Román, información y documentos relacionados al pago con fondos públicos y mediante alquiler de unas guaguas utilizadas como transporte oficial del gobernador renunciante Ricardo Rosselló y que también fueron usadas como vehículos de la campaña del exmandatario cuando era candidato en el cuatrienio pasado.

 Así lo informó la Secretaria de Prensa de La Fortaleza, Mariana Cobián, al agregar que esta tarde se envío “formalmente” la petición por parte de la gobernadora Wanda Vázquez Garced a la contralora para que se audite la Oficina del Gobernador a fin de auscultar los detalles relacionados al asunto del alquiler.

Mientras, Martínez Román, quien entró en funciones de dirección el pasado mes de agosto nombrado por Vázquez Garced, dijo desconocer el monto total de alquiler mensual por los cuatro vehículos pero destacó que las facturas llegaban a nombre de la Oficina del Gobernador.

“Entendía que venían en unas facturas a nombre de la Oficina del Gobernador y se emitían el pago”, dijo quien antes laboraba como subadministrador de Fortaleza.

En cambio, se distanció de conocer detalles sobre el por qué se decidió transferir la flota bajo alquiler de la campaña de Rosselló a ser utilizada en gestiones oficiales una vez este gana la gobernación pues sus labores iniciaron el 3 de diciembre de 2018. Ha trascendido que el alquiler comenzó desde el 2017.

¿Cuándo La Fortaleza deja de pagar por ese alquiler?, se le preguntó.

“Cuando comienzo como administrador esas guaguas se dejan de pagar porque no había ningún contrato y tampoco había necesidad”, respondió al agregar que los autos eran utilizados principalmente para transportar a Rosselló y a su esposa Beatriz.

Esta semana trascendió públicamente que el contralor electoral Walter Vélez ordenó al comité de Rosselló a devolverle al Departamento de Hacienda $525,663.52 por utilizar fondos públicos para pagar las guaguas. También se le solicitó al comité reservar unos $150,000 de los fondos que posee para pagar posibles multas administrativas.

La situación generó que ayer la gobernadora solicitara a la Contralora Yesmín Valdivieso que realice una auditoría a la Oficina de la Gobernadora. Mientras, el Departamento de Justicia evalúa si realizará una investigación relacionada al asunto, indicó esta mañana la titular de la agencia Dennise Longo.