El Partido Popular Democrático (PPD) denunció hoy que el plan fiscal presentado en marzo pasado por el gobernador Ricardo Rosselló está sobreestimado en sobre $42 billones.

Los portavoces alternos del PPD en Cámara y Senado, Ramón Luis Cruz y José Luis Dalmau, respectivamente, al comparar el actual plan fiscal (2018) con el del 2019, alegaron que hay “estimados falsos” en los renglones de los fondos que llegarían al país luego del paso del  huracán María; en el pago que harían los seguros por esa misma emergencia; en el impacto de la reforma laboral; en las Alianzas Público Privadas (APP) y en los desembolsos del préstamo del Departamento del Tesoro.

Cruz indicó en conferencia de prensa en el Comité Central del PPD, que el plan fiscal que tiene la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) evidencia que el Gobierno sobreestimó el dinero “que entrará en nuestra economía por $41.93 billones”.

“El gobierno ha sido irresponsable y mintió cuando fundamentó el plan fiscal en supuestos que sabían eran incorrectos y datos imposibles de cumplir”, dijo el portavoz alterno del PPD en la Cámara.

En el caso de los fondos federales de recuperación que llegarían a la Isla, Cruz sostuvo que en el 2018 se estimaron $65 billones.

“La inversión, según el plan fiscal 2019, de esa  proyección, fue de negativo $19 billones, dado el caso que se recibieron $46 billones. O sea, una sobreestimación de $19 billones con respecto a los fondos de recuperación”, cuando se comparan ambos planes fiscales, sostuvo.

Otros dineros que se estimaron de más fueron los de la inversión de las compañías de seguros, entre pólizas y reclamaciones pagadas. En el plan fiscal vigente, según los legisladores, son $16 billones, “de los cuales se han recuperado solo $2 billones, para una diferencia de $14 billones en la economía”, argumentó Cruz.

El representante indicó que para el plan fiscal de 2019, el gobierno redujo esos estimados a prácticamente la mitad, representando una diferencia de menos $6 billones.

Agregó que las aseguradoras han dicho en medios de comunicación que los números que da el gobierno sobre la inversión que se hará está $6 billones por encima de lo que la misma industria estima.

Otro asunto que abona, según los legisladores, a que continúe el despido de trabajadores luego de cumplir un periodo de probatoria de nueve meses, es la “mal llamada reforma laboral”.

Para el plan fiscal 2018, el gobierno estimó que el impacto de la reforma al Producto Nacional Bruto sería de .25% y en el presentado en marzo pasado, lo reduce a .15%.

“Ellos reconocen que sobreestimaron los ingresos y que… la Reforma Laboral no tuvo ningún impacto positivo en la economía puertorriqueña”, advirtió Cruz.

Otro aspecto que explicaron los populares fue que la cantidad de proyectos en proceso de permisología, bajos las APP “apenas suman $2.5 billones”, cuando para el 2018 se aseguró una inversión de sobre $8 billones en inversión privada y en el Plan Fiscal revisado de 2019 “ni siquiera aparece ese renglón”.

En cuanto al estimado de $4.9 que hizo el gobierno sobre el desembolso de un préstamo al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Cruz indicó que la realidad fue “que el estimado de impacto a la economía puertorriqueña fue de $1.47 billones”.

“Las contradicción entre un plan y otro revela la gran mentira del gobierno en cuanto al presupuesto presentado este año. Un plan fiscal que fue aprobado por la JSF y vemos la gran mentira entre el plan presentado y el plan aprobado”, sostuvo Dalmau.

Mientras, Cruz pidió al gobierno que explique “porqué conociendo el comportamiento real y constante de la economía puertorriqueña insisten en sobreestimar inversiones que saben no llegarán. Plan fiscal tras plan fiscal queda demostrado que conocen esa realidad”, dijo.

También emplazó al gobernador a que responda “quiénes pagarán las consecuencias del desfase de $42 billones en estos planes fiscales”.

“Quien acaba pagando las consecuencias es el pueblo de Puerto Rico”, insistió.

Por su parte, Dalmau agregó que como el gobierno y la JSF no lograron los ingresos que necesitaban ahora tienen “que meterle la mano al bolsillo del pensionado”, a la Universidad de Puerto Rico, a los comerciantes, a la tarjeta de salud “que han sacado 215,000 personas en seis meses” y a los municipios “para quebrarlos y buscar entonces la posibilidad de hacer los llamados county, a ver si nos parecemos a Estados Unidos y logramos la estadidad…”.