Miembros del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial denunciaron que la transición a escuelas chárter que promueve el gobierno impacta negativamente el desarrollo de los miles de estudiantes que reciben los servicios de educación especial, en momentos en que estos programas incumplen con las disposiciones del tribunal en el pleito de clase de Rosa Lydia Vélez.

Específicamente, la presidenta del Comité Timón, Carmen Warren, señaló que en la escuela elemental Rafael Colón Salgado, en Bayamón, se está “impidiendo” que estudiantes de educación especial completen su proceso de matrícula, lo que alegó es consecuencia de los intentos del Departamento de Educación de convertir el plantel en una institución chárter.

En ese sentido, sostuvo la activista, la privatización de escuelas amparada en la Ley 85 de Reforma Educativa es un proceso equivalente a lo que fue el cierre de cientos de escuelas el verano pasado, pues las entidades que pasen a administrar los planteles chárter “no van a atender a la población que actualmente está ubicada allí”.

La maestra de la escuela Juan Ponce de León en Río Piedras, Migdalia Santiago, indicó por su parte que, pese a que la Ley 85 dispone que las comunidades escolares deben ser consultadas antes de iniciarse cualquier proceso de transición al modelo chárter, en la práctica eso no está ocurriendo. Dijo también que conoce de dos escuelas de Río Piedras que están en la mira de una institución de educación superior.

“A diferencia de lo que dice la ley, en su artículo 13, de que no se pueden aceptar solicitudes si no se ha auscultado el sentir de la comunidad escolar, en el caso nuestro no ha habido ningún tipo de evaluación, acompañamiento o reuniones con la comunidad escolar”, dijo la maestra de educación especial, al detallar que en la Ponce de León cuentan con “cerca de 50” estudiantes con autismo.

“Lo que se nos está planteando es que los van a sacar de nuestra escuela (aunque) no sabemos a dónde (los trasladarían) ni cómo va a ser ese proceso. Pero quien conoce un poco de educación especial y de nuestros niños con autismo sabe que el retroceso en su proceso es casi inminente si usted lo mueve del lugar donde están y han creado una rutina. Por la experiencia de Estados Unidos sabemos que lo más probable es que (las entidades que administrarían planteles chárter) hagan una selección de estudiantes”, añadió Santiago en la conferencia de prensa que se celebró frente a la sede del Departamento de Educación, en Hato Rey.

Inconformes con informe

Por otro lado, y aunque el informe más reciente de la monitora Pilar Beléndez Soltero reconoce deficiencias en el manejo del Departamento de Educación sobre su programa de educación especial, al otorgarle una calificación general de 2.55 de un máximo de 4 puntos, Jinnette Morales, del Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, expresó reparos con la metodología utilizada, al fundamentarse principalmente en la información provista por la propia agencia.

Por esa línea, Morales argumentó que la monitora de cumplimiento debería contrastar los datos ofrecidos por Educación con testimonios de padres y madres con hijos en el programa de educación especial. En el informe de Beléndez Soltero, la agencia obtuvo 1.88 puntos en el renglón concerniente a los servicios que se prestan a los estudiantes de educación especial.

“Debe ser un monitoreo más personal, que vaya a las escuelas, que verifique la información. Porque con los datos que da el propio departamento históricamente se han visto (irregularidades)”, puntualizó Morales, quien además señaló que las multas por incumplimiento que impone el tribunal no han servido como “disuasivo”, y que para cambiar esa realidad se requiere “consecuencias” directas para los funcionarios a cargo de los servicios.

Actualmente el Departamento de Educación paga una multa anual de $1,825,000 ante los incumplimientos en el ofrecimiento de servicios adecuados a su población de educación especial.

Durante la rueda de prensa igualmente se denunció que a lo largo de este semestre el Departamento de Educación ha programado una serie de talleres de capacitación a maestros que interfiere con el horario escolar regular sin que se haya dispuesto de periodos para recuperar los servicios perdidos.

Por último, las activistas realizaron un llamado a reabrir el proceso de matrícula a mano, pues, indicaron, muchos padres no cuentan con acceso a Internet.