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Despega APP para los aeropuertos regionales

Por Osman Pérez Méndez / [email protected] 03/14/2019 |11:45 p.m.
La empresa seleccionada deberá encargarse de superar todos los obstáculos burocráticos y operacionales de los nueve aeropuertos regionales en la Isla. (Archivo)  
Gobierno inicia proceso para encontrar empresa que se encargue de su operación y mantenimiento.

El gobierno abrirá hoy el proceso que espera culmine en una eventual alianza público privada (APP) para la operación y mantenimiento de los nueve aeropuertos regionales que actualmente operan bajo administración de la Autoridad de los Puertos a través de todo el archipiélago puertorriqueño.

Según detallaron el gobernador Ricardo Rosselló, el director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (P3), Omar Marrero, y el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira, el plan propuesto es que una empresa privada asuma la operación y mantenimiento de esos nueve aeropuertos regionales.

El grupo de aeropuertos regionales incluye las terminales aéreas de Isla Grande (en San Juan), Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Humacao, Ceiba, Vieques y Culebra.

El gobernador aseguró que la propuesta permitirá “tener una operación más estandarizada de los nueve aeropuertos, reducir los gastos operacionales en Puertos y potenciar el desarrollo económico en algunas de estas áreas”.

Rosselló agregó que la propuesta será de una concesión a corto plazo, de siete años, que sentaría “las bases para una posible alianza público privada más abarcadora de cara hacia el futuro”.

Maceira aclaró que la oferta será para administrar, operar y dar mantenimiento a todos los nueve aeropuertos “en un paquete”. Dijo que se evalúo ofrecerlos por separado, pensando en particular en los Aguadilla y Ponce que se cree serían los más rentables “por su naturaleza y certificaciones”, pero se descartó porque dejaría “huérfanos” a los otros siete, “que pudiesen ser igual de importantes para el desarrollo económico y poder convertir a Puerto Rico en el conector de las Américas”.

Las terminales aéreas de Ponce y Aguadilla son los únicos del grupo que operan con una certificación conocida como 139, que permite recibir aeronaves de más de 30 asientos de manera programada y no programada, y también puede recibir vuelos regulares de más de 9 pasajeros. En otras palabras, pueden recibir las aerolíneas de vuelos comerciales. Los aeropuertos sin certificación 139 solo pueden recibir aviones solo pueden tener operaciones “mucho más limitadas” que se conoce como aviación general, y que incluye a vuelos privados, ‘charter’, experimentales, deportivos, helicópteros.

El director de Puertos abundó que entre los objetivos del proyecto también está evaluar una posible transición a una concesión completa dentro del modelo de alianza público privada y poder implementar un plan maestro para la operación del sistema de aeropuertos de una manera integral, algo que no existe actualmente.

Maceira explicó que Puertos ha fallado por años en operar de manera eficiente esos aeropuertos, al punto que en los aeropuertos con certificación 139 perdieron la capacidad de cobrar el impuesto de cargos por instalaciones a los pasajeros (PFC, por sus siglas en inglés), que es un cargo de $4.50 por pasajero que avala la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), porque nadie supo a dónde fueron a parar o qué se hizo con varios millones recolectados. Según describió, en Aguadilla se cobró ese impuesto entre 1993 y 2015, cuándo la FAA lo suspendió luego de que Puertos no pudiera demostrar que los más de $10.7 millones recaudados se habían reinvertido en el sistema aeroportuario como debía hacerse. En Ponce, la autorización se perdió hace “cerca de 20 años atrás”. Más aun, el fracaso en fiscalización por parte de Puertos llevó a que la autorización 139 del aeropuerto de Vieques se perdiera por completo, como parte de un acuerdo con la FAA firmado en 2016.

Entre otras de las deficiencias del gobierno en la operación de los aeropuertos, Maceira enumeró la falta de cumplimiento con las contrataciones, que incluye la colección de renta, tener las renovaciones al día, los desahucios de clientes morosos, y la falta de continuidad gerencial. Indicó que, al llegar a la agencia, había inquilinos con más de una década sin contrato y otros con sentencias de ejecución de varios años que no se habían efectuado. Actualmente, Puertos tiene 10 casos en proceso de desahucio.

Por otro lado, el director de Puertos resaltó que al llegar a la agencia encontró una burocracia enorme que entorpece su buen funcionamiento, y enumeró varios ejemplos de eso que suenan tan increíbles como incomprensibles.

“El remplazo de unidad de aire acondicionado en el aeropuerto de Ponce. Se hizo la requisición el 25 de enero del 2018, y no fue hasta el 14 de febrero del 2019 que esto se pudo instalar… por las distintas etapas de contratación, los obstáculos internos, los procesos internos de las cotizaciones, de los comités, de las aprobaciones, para luego entonces correr por el proceso de contratación gubernamental de pasar por OGP, para entonces poder llevarse a cabo la subasta dentro de la agencia. Los suplidores muchas veces son más estrictos al momento de contratar o suplir al gobierno. Son muchísimos elementos”, comentó.

“Otro asunto que fue crítico fue el remplazo de la correa de equipaje en el aeropuerto de Aguadilla. Se reportó dañado el 2 de septiembre y el material se recibió para enero de este año, cuando se pudo entonces instalar, y mientras tanto la Autoridad tuvo que incurrir en gastos de tiempo extra, porque tuvimos que destinar empleados a poder servir en la asistencia de los pasajeros en el movimiento de carga”, agregó.

“Lamentablemente esta ha sido la realidad de la Autoridad de los Puertos por las pasadas décadas”, dijo Maceira.

Entre otros aspectos a relevantes, además, Maceira mencionó que dos de los aeropuertos, los de Mayagüez y Ponce, tienen “muchos problemas de caballos que entran en la pista”.

El operador privado que asuma el contrato, se ocuparía de superar todos esos obstáculos burocráticos y operacionales, y además asumiría esos riesgos de operación y mantenimiento.

“El operador privado se encarga de toda la operación y todo el mantenimiento de todas las facilidades aeroportuarias. No solo la pista, de los terminales, de los concesionarios, de todo, tanto el mantenimiento de las facilidades como la parte de seguridad”.

Las mejoras capitales, no obstante, continuarían a cargo de Puertos. Además, detalló Marrero, Puertos mantendría “la supervisión y la fiscalización de todas esas operaciones aeroportuarias, incluyendo este contrato de concesión”. También, Puertos retiene la titularidad, la fiscalización, la aprobación del presupuesto operacional, y seguiría a cargo del control de las tarifas.

Marrero agregó que, la compensación al ente privado “está atado al desempeño y su cumplimiento con las disposiciones contractuales”.

Marrero aclaró que, contrario al acuerdo con el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, que se le transfirieron todas las responsabilidades excepto la titularidad, este acuerdo es “un poco más limitado”.

Maceira agregó que la idea se ha discutido con la FAA, y que ellos mismos sugirieron algunos modelos que ya están en vigor en otros lugares, como el aeropuerto del Condado de Los Ángeles; el de Gary, en Indiana; y el de la Polinesia Francesa. “Ellos ven esto con buenos ojos”, afirmó.

Marrero explicó que operaciones como las de Lufthansa en Aguadilla, o el paracaidismo recreativo en Arecibo, no se verían afectadas por la transformación propuesta. Aseguró que, por el contrario, se beneficiarían de la operación más eficiente.

El secretario de las Autoridad para las APP, aseguró además que “el mercado ha mostrado gran aceptación hacia los proyectos de alianzas público privadas, se ha logrado recupera la confianza para hacer negocios responsablemente”.

De hecho, según Maceira fue el propio mercado el que sugirió el término de siete años para hacer el acuerdo más atractivo. “El interés demostrado es esperanzador para este proceso que estaremos llevando a cabo”.

Por otro lado, Maceira explicó que ningún empleado sería despedido por la APP. “Los empleados tendrán distintas oportunidades. Tendrán la oportunidad de ser contratados por el ente privado. Es parte de lo que nosotros nos aseguraremos que se tome en consideración al momento de la solicitud de propuesta. Pero también existe la Ley del Empleador Único, las oportunidades de movilidad a otras agencias de gobierno donde sí hay necesidad de servicios, donde hay necesidad de recurso humano adicional”, aseguró.

Aeropuertos regionales

Isla Grande (San Juan), Aeropuerto Luis Rivas Dominicci
Aguadilla, Aeropuerto Rafael Hernández
Arecibo, Aeropuerto Antonio “Neri” Juarbe Pol
Mayagüez, Aeropuerto Eugenio María de Hostos
Ponce, Aeropuerto Internacional Mercedita
Humacao, Aeropuerto Regional de Humacao
Ceiba (antigua base Roosevelt Roads), Aeropuerto José Aponte de la Torre
Vieques, Aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez
Culebra, Aeropuerto Benjamín Rivera Noriega

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