A casi un año de la firma de la ley que ordena la implementación del lenguaje de señas en las escuelas, es poco lo que el Departamento de Educación (DE) ha podido adelantar en cuanto al desarrollo del currículo, pues según confirma la agencia, no se han identificado los fondos necesarios para cumplir con el estatuto.

A esta fecha, el DE asegura haber creado el comité que da forma al proyecto, mientras realizan unos esfuerzos menores a favor de la población sorda, que comprenden unos 414 estudiantes de los 307,000 del sistema público. 

La secretaria de Educación, Julia Keleher, explicó que trabajan en unos módulos para enseñar el lenguaje de señas, y apeló a la ayuda de organizaciones y otros recursos que ya conocen y laboran con el método de comunicación. 

“Hay un vídeo que subimos. Estamos haciendo módulos. Hay una persona que trabajó antes conmigo y que conoce el lenguaje de señas. Están haciendo los pequeños módulos”, explicó Keleher. 

“Lo que sí tenemos que hacer es reclutar más personas para que haya más representación. Necesitamos levantar el talento para que puedan proveer ese servicio”, agregó.

La titular reconoció que no han identificado el presupuesto para hacer valer la ley. “Se tiene que desarrollar, que reclutar, buscar el presupuesto. Hay recursos. Hay organizaciones que hacen ese tipo de cosas, pero ellos tienen sus trabajos. Necesito organizar algo, de manera que pueda traerlos, para que estén en los sitios donde nosotros entendemos que hay más necesidad primero”, sostuvo.

La ley le impone al DE un periodo de seis meses para configurar el Comité. Ese periodo venció en julio pasado. “Una vez configurado, el Comité tendrá un término directivo de 10 meses para diseñar el currículo, las expectativas de grado y los materiales didácticos…”, lee parte de la Ley Núm. 56 (24 de enero de 2018), de la autoría del senador Juan Dalmau. 

El estatuto establece, además, que el DE implantará el programa de forma escalonada, comenzando por el nivel elemental, “y de conformidad con los recursos que tenga disponibles”.

Educación no pudo precisar cuánto dinero necesita para implementar el currículo de lenguaje de señas en las escuelas, aunque establece que la iniciativa implicaría “la contratación de un maestro especializado por plantel”. 

No obstante, la agencia asegura estar empleando esfuerzos que van abriendo camino para el beneficio de la población sorda, a modo de preámbulo para el proyecto aprobado por ley.

“Empezamos con los módulos. Estamos trabajándolo. Si tuviese más personas que tuviesen esa capacidad… me encantaría tener uno por lo menos en cada escuela. Pero tengo que buscar la manera… y entiendo que se puede beneficiarse de organizaciones, hay gente que sabe, padres, la comunidad, de manera que, aunque no sea algo tan formal de primera instancia, pero podamos tener los recursos para que apoyen”, agregó la secretaria. 

Otro escollo la escasez de instructores 

Conocedores del tema aseguran que en Puerto Rico hay escasez de instructores certificados e intérpretes para sordos, además de que muy pocos profesionales tienen conocimiento en este método de comunicación, lo que pudiera representar otro escollo para la implementación de la medida.

“Hay escasez de profesionales del lenguaje de señas y uno de los problemas es que la misma falta de política pública ha hecho que no exista junta examinadora que regule a los intérpretes ni un consejo de educación que regule el lenguaje de señas. El servicio se da a través de compañías privadas e intérpretes ‘freelance’. Hay que regular un campo que está totalmente desregulado porque ahora mismo no hay manera de garantizar que esos servicios se den con la calidad necesaria”, anticipó el licenciado Juan José Troche Villeneuve, quien pertenece a la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) de Puerto Rico y dirige el proyecto SAL por los S.O.R.D.O.S (Servicios Orientados a la Representación y a la Defensa del Sordo).

“Estoy consciente que no hay suficientes instructores certificados y que hay diversos modos de comunicación en el lenguaje de señas. No hay un método oficial. Esas son unas de las preocupaciones que debemos trabajar”, sostuvo, por su parte, Juan Dalmau. 

No obstante, aun con las dificultades, el senador se muestra optimista de que este esfuerzo, cuando comience a cobrar forma en el sistema educativo, tendrá un impacto positivo y será la base para trabajar una política pública en favor de la población no oyente.

“Con este proyecto buscamos que las nuevas generaciones, al menos, tengan un acercamiento inicial con el lenguaje de señas y que esto sirva de base para un desarrollo mayor. Es un primer paso para transformar una cultura. Tomará tiempo crear un impacto generacional”, indicó.

Por su parte, el licenciado Troche se mostró esperanzado en que este sea el paso inicial en ruta a establecer una política pública que vele por los derechos de la población sorda en la Isla.

“Esa medida será de impacto positivo para la comunidad sorda, ya que por primera vez se incluye el lenguaje de señas en un currículo de enseñanza pública en Puerto Rico. Se comienza a reconocer como un idioma formal. Pienso que en Puerto Rico existen tres idioma; el español, el inglés y el lenguaje de señas, aunque no sea reconocido actualmente. A su vez, es bueno porque así se va despertando la necesidad de implantar una política pública que no existe para casi el cinco por ciento (5%) de nuestra población que son sordos o tienen alguna discapacidad auditiva”, concluyó el licenciado.