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Estancadas las mejoras en los residenciales

Por Frances Rosario / [email protected] 06/10/2019 |11:45 p.m.
Además de la falta de inventario, Vivienda Pública necesita más dinero para poner al día a las antiguas edificaciones. (Archivo)  
Vivienda Pública espera por desembolso de aseguradora para corregir los problemas.

A casi dos años del devastador paso del huracán María, los 332 proyectos de vivienda pública que tiene el Departamento de la Vivienda no han recibido ni un solo centavo de la compañía que los asegura para reparar los daños que sufrieron, principalmente por el filtrado del techo, la pintura y las instalaciones recreativas. 

La cifra total adeudada por la aseguradora Mapfre es de $3,000 millones, informó ayer el recién designado administrador de Vivienda Pública, el abogado William Rodríguez Rodríguez. 

De inmediato, la vicepresidenta senior de Mapfre, Iraida Meléndez, informó a Primera Hora que por privacidad no responderán a preguntas sobre la supuesta demora en el pago. 

“Es política de la compañía no responder a reclamaciones en curso”, dijo.

Rodríguez Rodríguez, quien heredó el problema tras asumir el cargo el pasado 21 de mayo, indicó que Mapfre “no ha contestado todavía. Ha sido muy lento el proceso”. 

El abogado indicó que el caso fue asignado a un ajustador público para intentar avanzar en la reclamación. No descartó, sin embargo, acudir a la Oficina del Comisionado de Seguros para que se realice el proceso de valoración “para poder agilizar que nuestros residenciales reciban el dinero que les corresponde”. 

Mientras tanto, la agencia solo se limita a “mitigar el daño” en la red de complejos de vivienda pública en la que residen unas 53,000 familias. 

“Estamos mitigando los proyectos a lo que se nos aprueba o fondos de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) o fondos del seguro. Lo primero que llegue lo vamos a utilizar en la medida que nos vaya llegando y lo vamos a hacer con rapidez”. 

A modo de ejemplo, señaló que del presupuesto de la Administración de Vivienda Pública se sacó dinero para el sellado del techo del residencial Fernando Calimano, en Guayama, donde las filtraciones eran “extremas”. 

No obstante, el 95% de los complejos de vivienda pública están en las mismas. 

En cuanto a los fondos de FEMA, Rodríguez Rodríguez informó que ya tuvieron acceso a los $16.9 millones que se parearán con $1.9 millones del Gobierno para desalojar, demoler y reconstruir en un lugar más seguro dos residenciales de Ciales. Estos complejos son Dos Ríos y Alturas de Ciales, los cuales se inundaron tras el paso de María. Se prevé que los proyectos inicien en septiembre próximo. 

En cuanto al residencial público más grande de la Isla, el Luis Lloréns Torres de Santurce, Rodríguez Rodríguez indicó que se le debe dar atención urgente a la tubería del servicio sanitario. Dijo que posiblemente parte de los arreglos se hagan con fondos de FEMA, ya que se evalúa si la problemática es la causante de inundaciones en zonas aledañas. 

18,000 familias en espera 

Mientras Vivienda Pública aguarda por reparar los daños de María, unas 18,000 familias están en una interminable lista de espera para poder ocupar algún apartamento en un residencial público. 

Rodríguez Rodríguez informó que en el 2017 la lista era más larga, de 24,000 familias. 

La espera se debe a la falta de inventario, principalmente en la zona metropolitana, así como en la región de Mayagüez y de Ponce, según destacó el nuevo administrador. 

Para tratar de resolver esa falta de espacio, el funcionario comentó que han comenzado a hacer acuerdos con inversionistas privados para la construcción de complejos de apartamento para alquiler con alternativas de financiamiento mixto, parte subvencionada con fondos federales y la otra parte con fondos privados. 

Indicó que actualmente se desarrollan tres proyectos que harían disponibles unas 1,000 unidades. Estos están en Puerta de Tierra y Hato Rey, en San Juan, así como en Caguas. 

Además de la falta de inventario, Vivienda Pública necesita más dinero para poner al día a las antiguas edificaciones. 

Rodríguez Rodríguez detalló que actualmente la agencia recibe $400 millones anuales en fondos federales, de los cuales $100 millones están destinados para mejoras en los 332 proyectos de vivienda pública y $50 millones para el pago de la deuda. Dijo que la realidad es que la agencia necesitaría presupuestos de $1,000 millones anuales “para poner en condiciones nuestro inventario físico”.

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