El grupo de juristas que evaluó el controversial chat de Telegram recomendó someter ante la consideración de la Cámara de Representantes la radicación de cinco cargos, cuatro graves y uno menos graves, contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, entre ellos, uno de malversación de fondos públicos.

Este delito (artículo 264 (B) del Código Penal no conlleva el beneficio de probatoria. Los restantes cargos que recomienda el informe son: artículo 263 de negligencia en el cumplimiento del deber y artículo 252 de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, supo Primera Hora.

Los restantes dos cargos son de violación al artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, este también es de carácter grave y violación al artículo 4.2 (k) de la misma ley, menos grave.

Estos cargos son para efectos del juicio político, el llamado residenciamiento y son independientes del proceso criminal que aun no se ha determinado si se llevará a cabo contra el gobernador.  

El demoledor informe será presentado a los representantes de la Palma en un caucus convocado para el mediodía de hoy en la oficina del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

Los abogados, Luis Enrique Rodríguez, Enrique Colón Santana y Francisco Reyes recomiendan en el informe someter cargos de residenciamiento contra el gobernador.

De hecho, el presidente de la Cámara dijo esta mañana en una estación radial que ya le notificó a Rosselló Nevares que el proceso de residenciamiento había comenzado.

Estará bajo consideración en el caucus si los cargos se llevan a votación al pleno de la Cámara sin esperar a que se nombre una comisión especial, de manera que el proceso se agilice y pase de forma expedita al Senado, donde se completaría el proceso de residenciamiento.

“Si están los elementos del residenciamiento, cuentan con mi voto”, expresó a su llegada a la Presidencia de la Cámara, el representante Joel Franqui Atiles, uno de los primeros en arribar al cónclave novoprogresista.

“El primer voto es el mío y estoy seguro que los compañeros van a avalar esa decisión”, dijo ayer a Primera Hora el representante Morales.

Aunque varios legisladores de la Palma han dicho que están los votos de la mayoría para iniciar el juicio político contra el gobernador, el portavoz de la delegación, Gabriel Rodríguez Aguiló no pudo asegurar ayer que tengan los 34 votos que requiere la Constitución de Puerto Rico para comenzar el proceso de residenciamiento de Rosselló Nevares.

“Eso no se ha considerado aún en la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP)”, dijo Rodríguez Aguiló. Indicó que se trata de un procedimiento “constitucional-legal, donde nosotros vamos a pasar juicio sobre las acciones del gobernador, pero él también tiene derecho a defenderse, que es lo que ha dicho”.

“Ante esa realidad tenemos que actuar prudentemente y de forma transparente, cumpliendo con todos los requisitos y garantías constitucionales y legales y es lo que vamos a hacer, si llegamos a eso. Es fácil de la minoría decirlo, pero otra cosa es dirigir el proceso”, sostuvo Rodríguez Aguiló.

Mientras, el representante independentista, Denis Márquez Lebrón sostuvo que las minorías han dicho que están listas y preparadas para iniciar “cuanto antes” el residenciamiento.

En medio del escándalo del chat, tanto Márquez Lebrón como la minoría popular radicaron sendas resoluciones solicitando iniciar el proceso para residenciar al gobernador.

“Luego de un análisis de la Constitución, del chat y de documentos relacionados a un proceso de residenciamiento radiqué la resolución 1465 porque entiendo que hay base para empezar el proceso que le corresponde iniciar a la Cámara. El Colegio de Abogados también hizo su propio análisis”, sostuvo Márquez Lebrón.

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El legislador pipiolo indicó que los abogados que nombró el Presidente de la Cámara “deberían también entender que hay base jurídica y constitucional para iniciar el proceso de residenciamento”. Añadió que “si hay los votos o no, va a depender de la mayoría y eso lo veremos, si una vez y por todas, se inicia el proceso y cada quien, asumirá su responsabilidad con el país”.

El portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández dijo a su vez que el informe de los juristas “no es admisible dentro del proceso de residenciamiento, pero se puede incluir para orientar a la mayoría”.