En Puerto Rico ha surgido una proliferación de eventos realizados en hoteles para la compra de metales y piedras preciosas -particularmente oro- que pudiera estar constituyendo actos ilegales en el que se obtienen ganancias fraudulentas y hasta lavado de dinero.

Así trascendió hoy en una vista de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara de Representantes, donde su presidenta, la legisladora Yashira Lebrón Rodríguez, investiga mediante la resolución 1372 las circunstancias en que se llevan a cabo estas actividades que, usualmente, transcurren en hoteles de San Juan.

La información fue revelada por la licenciada Nilda Gago, asesora legal del Departamento de Hacienda, quien explicó que en la agencia se tiene conocimiento de los eventos por denuncias de contribuyentes que lo notifican.

La abogada agregó que los líderes detrás de las actividades son personas que “vienen del extranjero” a realizar gestiones de compra y venta de metales preciosos sin cumplir con los requerimientos de la Ley 18, la cual exige una licencia que se adquiere cada año por $500. Además, tampoco cumplen con el certificado de Registro de Comerciante, según lo requiere el Código de Rentas Internas.

Gago dijo que en ocasiones el aviso se realiza con fecha previa al evento y la gestión de Hacienda es comunicarse con la oficina de distrito correspondiente a la ubicación de la actividad -que muchas veces se les da publicidad en anuncios de prensa- para que inspectores acudan a la actividad a investigar. Detalló que en lo que va de 2019 la agencia ha recibido una querella formal relacionada a este tipo de dinámica y se ha intervenido en dos eventos.

“Cabe señalar que algunas de las querellas notifican las actividades con posterioridad a que se celebren y eso no nos permite personarnos a la actividad”, dijo al indicar que casi siempre los organizadores llegan a la isla hacen el evento y se van inmediatamente.

Agregó que la mayoría de las ocasiones cuando tratan de interceder las personas ya se han ido del país pues se trata  de grupos que viajan exclusivamente como participantes de la actividad, por lo que actúan en completa burla de la ley al no cumplir con los requerimientos.

Aclaró que cuando reciben denuncias, les recomiendan a los querellantes que presenten notificaciones en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y al Departamento de Seguridad Pública, ya que estas agencias también tienen un rol fiscalizador en estas actividades, según se establece en la Ley 18.

A preguntas de la legisladora, la abogada dijo que una manera de atajar el problema es multando a los hoteles por propiciar en sus facilidades actividades ilegales. Las multas por estas infracciones pudieran ser de hasta $10,000.

Mientras, el Departamento de Seguridad Pública estuvo representado en la vista por la licenciada Estrella Vega, el capitán Víctor Castro y el agente Alberto Silva, estos últimos de la División de Artículos Hurtados.

En su ponencia, el grupo explicó que hubo una enmienda a la Ley 18 mediante la aprobación de la Ley 282 de 2018 para establecer, entre otras disposiciones, la creación de un registro electrónico en el que se obliga a todo comprador (incluyendo las casas de empeño) a que se haga constar diariamente cada transacción o compra de metales y piedras preciosas que se genere en su negocio.

En cambio, destacaron que ese registro electrónico no se está llevando a cabo porque aunque fue aprobado por ley, no se cuenta con el presupuesto para implementarlo a través de la división de tecnología del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Los ponentes no pudieron descifrar a cuánto ascendería esa inversión, pero prometieron llevar el cálculo a la oficina de la legisladora en cinco días laborables.

Aún así trascendió que todos aquellos que se dedican en Puerto Rico a la compra y venta de artículos -incluyendo piedras preciosas- tiene que hacer un registro escrito y, aparte, custodiar el producto comprado por 20 días como una garantía para corroborar que el mismo no haya sido obtenido de forma ilícita. El que incumpla con esta disposición se expone a multas que inician en los $500. Esta disposición, también es violada en las fiestas producidas en los hoteles.

De otra parte, la licenciada María Vélez León, del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), dijo tener constancia de las actividades llevadas a cabo en hospederías del área metropolitana y sostuvo que en lo que va de año han realizado dos operativos en estos lugares.

La intervención más reciente fue en el Hotel Marriott de San Juan durante una actividad que se promocionó en la prensa y que se celebró del 24 al 26 de junio pasado. “Durante los tres días que duró el evento, inspectores de nuestra División de Pesas y Medidas se hicieron presente para fiscalizar los asuntos bajo jurisdicción del DACO”, se expresó en la ponencia. Se distinguió que estos operativos se “encontró todo en orden” por lo que no se emitieron avisos de infracción.

Cabe señalar que en el caso del DACO su trabajo fiscalizador se centra en verificar si los locales o negocios cumplen con la rotulación de precios, si ofrecen alternativas de pago, y si las balanzas que utilizan para la compra y venta de los artículos están debidamente calibradas.

Al finalizar la vista, la representante Lebrón se mostró preocupada pues, según lo trascendido, “no hay ningún control de permisología, y eso es peligroso”.

“Según lo que escuchamos lo que ocurre en los hoteles es que vienen personas extranjeras compran, venden y se van y se pierde ese contacto para verificar sus negocios o poder emitir una multa. El peligro también es que se estén vendiendo piedras preciosas o artículos robados que nunca son registrados para verificación”, detalló.

Agregó que las actividades propician también la posibilidad de competencia desleal contra aquellos que cumplen con los rigurosos requisitos de la Ley 18. Además, afecta los recaudos del gobierno pues estas compañías -sin permisología o registros no reportan ni pagan contribuciones a Hacienda.

Lebrón determinó citar a la Asociación de Hoteles para una segunda vista que se prevé realizar en dos semanas.