El controvertible nuevo Código Civil, que se espera sea aprobado en la próxima sesión legislativa en el 2020, crea una categoría “independiente y única” para las iglesias, respecto a otras personas jurídicas, que pudiese provocar que obtengan un “trato especial” en la manera en que se relacionan con el estado y el resto de la población, explicó el representante independentista Denis Márquez. 

“Hay un lenguaje que permitiría que cualquier grupo que se autodenomine iglesia esté inmune de reclamaciones civiles y eso es bien peligroso, porque es arbitrario”, alertó, por su parte, el representante popular Luis Vega Ramos.

Alegó que también resultaría peligroso que las “iglesias e instituciones eclesiales”, como las define el proyecto sustitutivo de la Cámara 1654, pudiesen “quedar exentos de rendir cuentas” al gobierno, principalmente en cuanto a la radicación de planillas de contribución sobre ingresos o los informes que le requiere el Departamento de Estado como instituciones sin fines de lucro.

La alerta ocurrió en momentos en que el Senado evaluaba ayer la aprobación del Código Civil, el que luego aplazó para enero próximo.

De inmediato, la presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier, no estuvo disponible para explicar el alcance de esta regulación especial para las iglesias.

No obstante, la exposición de motivos de la propuesta que salió de la Cámara de Representantes establece que “este nuevo Código pretende darle un tratamiento adecuado a las iglesias e instituciones eclesiales con la finalidad de respetar su peculiaridad constitucional que exige al estado reconocer ‘una especie de jurisdicción a la iglesia, distinta y separada a la del estado, para que las actuaciones de ambas no interfieran entre sí’”.

Añade que “en este nuevo Código se afirma que el reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias e instituciones eclesiales puede surgir por providencia de leyes locales o incluso por tratados internacionales, como es el caso de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que fue reconocida por el Tratado de Paris de 1898”.

Específicamente, el área en que se regularían las iglesias está en el libro primero del Código Civil que trata de “Las Relaciones Jurídicas”, Artículo 223, sección C. Esta parte lee así: “las iglesias y las instituciones eclesiales sin fines de lucro podrán tener una constitución como personas jurídicas.  De así decidir hacerlo, su inscripción en el Departamento de Estado se convertirá en un mero reconocimiento civil de acuerdo con la ley o los tratados internacionales para propósitos de publicidad.  Por lo tanto, se regirán de conformidad con este Código o con las leyes especiales aplicables, en aquello que no sea contrario a su naturaleza particular”.

En el Artículo 229, precisa en la sección C que el registro de personas jurídicas “en cuanto a las iglesias y las instituciones eclesiales solo contendrá la explicación del modo como se regirán los asuntos internos conforme a los dogmas, los estatutos, reglamentos, leyes, costumbres o disciplina religiosa propia que establezcan los propósitos de la organización; además deberá indicar la persona natural que la representa y el alcance de sus facultades y responsabilidades al momento de la inscripción”.

Para Márquez, estas regulaciones no harían a la iglesia exentas de demandas. Expuso, sin embargo, que da paso a que se creen leyes especiales.

“La consecuencia de eso va a ser que, si se legisla, las iglesias podrían reclamar que tienen una categoría especial o un tratamiento especial”, puntualizó el independentista.

Mientras, Vega Ramos comentó que la propuesta sobre asuntos religioso afecta a instituciones religiosas reconocidas, como lo es la Iglesia Católica.

“Es que estos llamados beneficio no ayudan a las iglesias bonafide, que ayudan a la labor social. Permitiría que un montón de farsantes se escuden detrás de una seudoiglesia, a quien único ayuda es a los farsantes que quieren utilizar el fronte de la religión para esconder actividades sospechosas”, denunció.