El gobernador Ricardo Rosselló expresó hoy que “hay un panorama nuevo” en cuanto a las relaciones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), luego de la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que determinó que los miembros de la Junta habían sido nombrados en un proceso contrario a la Constitución de los Estados Unidos. 

“Ahora hay un panorama nuevo después de la decisión. Nosotros estamos investigando todas las alternativas que tenemos”, dijo Rosselló. “Nosotros vamos a estar procurando poder hacer, sin la espera que habíamos tenido en el pasado, las reasignaciones que son pertinentes para poder impactar tanto el Departamento de Seguridad Pública (DSP) como otras prioridades del gobierno”. 

El gobernador abundó que consideraba que la decisión de Boston “reconoce que la Junta trató de extralimitarse en sus poderes y que habían vicios de inconstitucionalidad en el proceso de nombramiento”. 

“Yo lo que espero, y reitero, es que nosotros podamos seguir ejecutando para el pueblo de Puerto Rico, y eso requiere menos intromisión de la Junta de Supervisión Fiscal y más acción al momento de poder reasignar a prioridades”, insistió Rosselló. 

El gobernador agregó que las prioridades y necesidades del gobierno “a veces son dinámicas”, por lo cual es necesario que haya “una flexibilidad para poder invertir en áreas que así lo ameritan”. 

“Creo que tenemos una oportunidad ahora para explorar ese tipo de proceso y mi expectativa, reconociendo que es un proceso nobel donde todavía muchas de las consecuencias se desconocen… lo cierto es que se ha demostrado que el proceso de nombramientos es inconstitucional, que tienen 90 días en esencia esta Junta, y reitera la problemática que tenemos en Puerto Rico de un territorio colonial donde se le pueden imponer una serie de estructuras que de su fas son inconstitucionales y antidemocráticas”, agregó el gobernador. 

Rosselló agregó que ha solicitado “al CFO (Principal Oficial Financiero) y AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) que comiencen a autorizar” los procesos de desembolsos “ante la incertidumbre que se ha creado con la Junta de Supervisión Fiscal”. Recordó que previamente tales desembolsos requerían una autorización de la JSF. 

“Para mí la decisión es bien clara, puntualizando un área de inconstitucionalidad sobre cómo se llevaron a cabo los nombramientos, y dejando entrever que los miembros se extralimitaron en sus funciones, demostrando nuevamente lo que hemos ganado en varios foros judiciales, que esto es una Junta de Supervisión Fiscal no una de Control Fiscal. Y ante esa diferencia, donde debe haber un tope de cuánto se debe gastar, no debe tener una intromisión de decir dónde y cómo es que se invierte”, insistió el gobernador. 

Las expresiones de Rosselló se dieron en una ceremonia en la que se entregaron 86 nuevas patrullas a la Policía.