El Senado aprobó hoy, sin oposición, un informe de la Comisión de Relaciones Federales Políticas y Económicas que refiere a la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, al panel de exjueces del Fiscal Especial Independiente.

El informe alega violaciones de ley durante la pesquisa legislativa a las operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y por actuaciones ilícitas durante la investigación de la agencia electoral al escándalo del WhatsApp. Hoy, en relación a esas comunicaciones, se determinó causa para arresto por 19 cargos graves contra el expresidente de esa entidad, el destituido juez, Rafael Ramos Sáenz.

En concreto, según el informe suscrito por el presidente de la comisión y presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se le solicita al FEI que investigue las actuaciones de Burgos por posible violación a los artículos 246, o resistencia a la autoridad, y 269, o perjurio, del Código Penal.

También le pide al FEI que determine si Burgos violó el artículo 245, intimidación contra la autoridad pública, y tentativa del artículo 12.009 del Código Electoral para el Siglo XXI por actos cometidos contra la expresidenta interina de la CEE, María Dolores Santiago Rodríguez, "Lolin".

La comisión legislativa evaluó declaraciones juradas de dos exfuncionarios de la CEE, una de Santiago Rodríguez, quien alegó que, el 25 de julio de 2017, durante el escrutinio del plebiscito, Burgos le insinuó que alterara la hora de un ponchador para que reflejara que se había firmado la certificación final previo a que se expidiera una orden de la jueza superior Lauracelis Roque.

Igualmente, el informe solicita a la Oficina de Ética Gubernamental que investigue las actuaciones de la comisionada novoprogresista por posible violación al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.

Refieren a Justicia al hijo de Burgos

También, refiere al Departamento de Justicia al hijo de Norma Burgos, Roberto Benítez, quien se alegó que por un tiempo no registraba su asistencia de forma adecuada.

“De las declaraciones del señor Javier R. Rodríguez Rivera, director de la Oficina de Recursos Humanos, se desprende que el señor Roberto Benítez Burgos es el único empleado dentro de la CEE con un patrón severo de incumplimiento con el registro de asistencia”, dice el informe senatorial.

Indica, además, que -desde el mes de diciembre de 2017 hasta el 8 de enero de 2018- la Oficina de Recursos Humanos de la CEE no recibió hojas de asistencia del señor Benítez Burgos, que se mantuvo cobrando sin tener balances de vacaciones o días de enfermedad y que le fueron emitidos pagos sin que correspondieran por no tener los balances necesarios.

La Comisión sostiene en el informe que Benítez Burgos pudo haber violado los artículos 213 y 216 del Código Penal, así como el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.