El Tribunal Supremo de Estados Unidos tomó la decisión de revisar la constitucionalidad del nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal.

El alto foro verificará la decisión del Primer Circuito de Apelaciones en Boston que declaró los nombramientos inconstitucionales.

Las declaraciones fueron hechas durante la última conferencia del Supremo en esta sesión, informó El Nuevo Día.

También, el tribunal anunció que las partes tienen hasta el 25 de julio para iniciar la presentación de sus argumentos y que celebrará una audiencia oral durante la segunda semana de octubre. 

Mediante comunicado de prensa, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), gremio que inició el pleito resaltó la importancia histórica de la intervención del Supremo

“Nos acaban de informar nuestros abogados, la licenciada Jessica Méndez Colberg y el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, que el tribunal verá el certiorari que sometió la UTIER para que se declaren nulas las acciones tomadas por la Junta. Esto es un caso histórico, pues solo el 1 por ciento de los casos son acogidos por el Tribunal Supremo. Esperamos que el tribunal decida de acuerdo con su propia jurisprudencia y que se sostenga que el planteamiento de la UTIER es válido y las acciones de la Junta son ilegales” explicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER.

Por su parte, Méndez Colberg, parte del equipo legal de UTIER, añadió que el Tribunal Supremo evaluará si el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston se equivocó al no invalidar las decisiones tomadas por la Junta de Control Fiscal pese a que sus nombramientos son inconstitucionales por no cumplir con lo dispuesto en la Cláusula de Nombramientos de la Constitución Federal.

“La doctrina de de facto officer dispone que se pueden validar actuaciones de funcionarios que tenían algún vicio en su nombramiento. La doctrina, sin embargo, se ampara en la buena fe de ese funcionario y en que las personas confiaron en que habían sido nombrados válidamente. En el caso de la Junta, esta doctrina no aplica porque la Junta tenía conocimiento de que sus nombramientos eran inconstitucionales desde el momento en que se presentó la demanda en su contra. Por lo tanto, no cumplen con el requisito de buena fe que establece la doctrina de de facto officer. La ausencia de buena fe se intensifica una vez que, en efecto, el Tribunal de Apelaciones determinó que sus nombramientos eran inconstitucionales” explicó Méndez Colberg.

Le dan bienvenida 

Posteriormente, el ente federal impuesto por el Congreso para controlar las finanzas del País reaccionó por escrito a la determinación.

“La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico le dio la bienvenida a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revisar la opinión del Tribunal del Circuito de Boston con relación al proceso de nominación de los miembros de la Junta.  Los miembros de la Junta de Supervisión siguen comprometidos en continuar su servicio bajo la Ley Promesa de 2016”, indicaron.