El Departamento de Justicia aún se encuentra evaluando los reclamos presentados en un referido de investigación que le hizo hace más de cinco meses la Cámara de Representantes -bajo la Resolución 1371- a fin de determinar si el “acuerdo cooperativo” de dos empresas navieras que da paso al Puerto Nuevo Terminal (PNT) crearía un monopolio portuario en Puerto Rico.

“El Departamento de Justicia, a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, se encuentra evaluando los reclamos presentados en el referido de investigación de la Cámara de Representantes bajo la Resolución 1371 del 11 de abril de 2019”, respondió por escrito a Primera Hora la nominada secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones.

Relacionadas

La resolución cameral -de la autoría de los representantes José Aponte Hernández y Víctor Parés-, fue aprobada con el apoyo de los legisladores de mayoría y minoría. En su exposición de motivos se explica que el acuerdo daría paso a que ambas empresas (Puerto Rico Terminals, PRT; y Luis Ayala Colón, LAC) operen el puerto marítimo, establezcan procedimientos operacionales para el terminal y fijen tarifas, cargos y prácticas competitivas.

“A la luz de dicha investigación, nos vemos obligados a abstenernos de emitir más comentarios conforme los estándares de confidencialidad establecidos en el Artículo 13 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, Ley Núm. 205-2004”, agregó Longo Quiñones al aludir que los procesos investigativos son rigurosos y “requieren del análisis ponderado de extensas cuantías de información”.

La secretaria indicó que aun cuando el referido se encuentra bajo evaluación, la agencia tiene un compromiso “de cumplir cabalmente con nuestro deber ministerial y de someter todos los recursos que resulten necesarios y adecuados para proteger los derechos de nuestros ciudadanos ante los foros pertinentes una vez se complete la investigación”. No se precisó fecha de algún resultado de la pesquisa.

Cabe destacar que por tratarse de una transacción que sugiere una posible acción monopolística el acuerdo fue sometido por las empresas participantes ante la Comisión Marítima Federal (CMF) para que determinase si les aplicaba algunas de las excepciones que la ley marítima federal otorga a ciertas prácticas que, de otra forma, serían violaciones a las leyes de monopolio.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced, así como el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira han tratado de mantenerse al margen y han dicho públicamente que el gobierno no tiene acceso al contrato que crea a PNT por tratarse de uno exclusivo entre dos empresas privadas de transporte marítimo, esto a pesar de que operan en terrenos pertenecientes al Estado Libre Asociado.

Maceira, en particular, sostuvo ayer a Primera Hora que es la CMF el único ente fiscalizador de la operación de las empresas que bajo el PNT manejarían el 80% de la carga marítima que llega al puerto en contenedores. El restante 20% quedaría bajo operación de Crowley.

De hecho, explicó que la comisión federal evaluó en los pasados meses parte de las preocupaciones surgidas con el contrato y en una votación de tres a uno con sus miembros se determinó que, pese a que comprendieron las alertas de algunos sectores- no se podía probar que hubiera algún efecto negativo.

Aun así, destacó Maceira, la FCM estableció unos “mecanismos de monitoreo más robustos” que estarían pendiente a, por ejemplo, evidenciar que la implementación del PTN no reduzca la competencia, no reduzca los servicios de transportación o cause algún incremento en los costos de transportación.

“Si en ese monitoreo ellos muestran que estuviera ocurriendo algo tomarán la acción legal que corresponda”, indicó al explicar que podrían ordenar vistas de investigación o informes especiales.

Sobre la posibilidad de que haya una práctica monopolística, dijo que esa es una evaluación que está haciendo el Departamento de Justicia de Puerto Rico. “Nos pusimos a disposición de Justicia para ofrecerle la información que podamos tener de manera que eso les ayude a acelerar su investigación”, agregó Maceira.

Mientras, el colectivo Junte de Voluntades - el cual reúne a personas y organizaciones de la sociedad civil opuestas a la aplicación en Puerto Rico de las leyes de cabotaje de Estados Unidos- convocó ayer a una conferencia de prensa para hacer pública la preocupación surgida ante diferente sectores.

Entre los portavoces del colectivo que critican el contrato de PNT se encuentra el expresidente del Colegio de Abogados, Mark Anthony Bimbela, quien catalogó el acuerdo como “bochornoso”.

“Siendo Puerto Rico una isla que depende del transporte marítimo para todo su comercio y su viabilidad económica y alimentaria, resulta un escándalo bochornoso el que la Autoridad de los Puertos haya convenido el control del 100% de los muelles en San Juan, precisamente, con varias empresas navieras que luego del paso del huracán María se opusieron a que barcos con bandera internacional trajeran mercancías a Puerto Rico”, expresó Bimbela en una conferencia celebrada en la sede del Colegio de Abogados.

Agregó que la peligrosidad del acuerdo será patente cuando comience el proceso de reconstrucción en Puerto Rico, tras el embate de María.

“¿Por qué?  Porque todas las varillas, cemento, bloques y todas  esas cosas tienen el costo de acarreo marítimo más costoso del mundo y ahora esas mismas compañías tendrán el control de operación de los puertos. ¡Es terrible!”, dijo a Primera Hora.

Bajo este escenario el llamado del colectivo es que el gobierno de Puerto Rico “tome cartas inmediatamente en el asunto para detener esa transacción”.

Bimbela insistió en que la Gobernadora -quien ha fomentado ser parte de un gobierno transparente- debe otorgar al grupo una “reunión urgente”. “Esta controversia presenta una excelente oportunidad para que la gobernadora demuestre su palabra con acción”, sostuvo.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, catalogó de “inverosímil” que después del historial que han tenido estas navieras la Autoridad de Puertos los haya recompensado con el control absoluto del Puerto de San Juan.

Denunció, además, la falta de transparencia y de discusión pública respecto al contrato.

“No tenemos los nombres de las personas que pudieron ser cabilderos o representaron a las navieras en este proceso de transacción… el Estado debe tener la transparencia y responsabilidad de informarle al pueblo. Ni siquiera se ha visto ese contrato”, denunció Reyes.