El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Héctor Conty, acompañado por los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP), Iván Cabán, y del Partido Popular Democrático (PPD), Eder Ortiz, anunciaron que llegaron a un acuerdo que le puso fin a la controversia que mantuvo paralizada el escrutinio general de las primarias del 18 de marzo.

La estipulación a la que llegaron fue radicada ayer en el Tribunal Supremo, como los dispuso el alto foro.

El escrutinio comenzaría el martes, 17 de abril, hasta su finalización.

Las partes en conflicto estipularon que los funcionarios que trabajaban en las mesas de escrutinio podrán ver las listas de los electores que participaron en las primarias, pero sólo podrán tener a la vista las firmas de estos electores porque el registro de los nombres y otros datos, como su dirección y nombres de los padres, se tapará con una cartulina.

“El funcionario puede inclinarse y, si hay conflicto con el trazo de la firma, deben llamar al director de escrutinio de inmediato”, dijo Conty.

Cuando se estén contando los votos emitidos en las primarias del PNP, por ejemplo, el funcionario va a estar acompañado de otro del mismo partido, pero designado por la Presidencia. En el lado contrario de la mesa, estará un funcionario del PPD y un observador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Cuando inicie el proceso de escrutinio, lo primero que hará el funcionario de la Presidencia designado será contar las firmas en cada página de la lista.

Cada hoja contiene la firma de 20 electores. El funcionario contará en voz alta.

De haber una discrepancia se llamará al director de escrutinio, dependiendo del caso, del PNP o del PPD.

Si hay un indicio o patrón sospechoso, que constituya delito, subiría a la consideración de los comisionados y del presidente Héctor Conty.

Ambos comisionados presentes en la rueda de prensa informaron que, de haberse cometido alguna violación a la ley, se llevará a las últimas consecuencias en la fijación de responsabilidades.

Ortiz, específicamente, hizo énfasis en que, de suceder una situación de esa naturaleza, el funcionario tendrá que decir quién lo instruyó y quiénes participaron de esa decisión.