El secretario designado del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, adelantó hoy que “muy pronto” se radicará una demanda civil para intentar recobrar los $224,000 que se desembolsó en 2018 para una guagua blindada que se ordenó durante la administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Cuando digo pronto es pronto”, afirmó Emanuelli, respecto a la demanda civil que se impondrá por incumplimiento o anulación del contrato contra la empresa Texas Armoring Corporation –con sede en San Antonio- por una Chevrolet modelo Suburban del 2018 que nunca llegó a la isla.

El funcionario indicó que la decisión de demandar a la compañía surgió luego que el pasado miércoles se le entregara la evaluación de una investigación civil sobre el proceso de compra. Paralelamente se lleva a cabo una pesquisa para analizar si se cursará una acción criminal en el caso.

“El informe lo recibí ya y el pueblo de Puerto Rico va a tener noticias muy pronto en cuanto al desarrollo del aspecto civil de ese caso”, acotó al agregar que el pueblo puede tener “la esperanza” de que, por lo menos, se harán gestiones para recobrar el dinero que se invirtió en el vehículo.

“Estamos trabajando en la redacción de la demanda y pronto van a tener noticias”, añadió.

El funcionario ha hecho hincapié públicamente que desde que llegó el 4 de enero a Justicia entre los primeros casos que solicitó fue el de la guagua.

“Hasta el momento lo que estamos viendo es el aspecto civil. El aspecto criminal se refirió. Pero sí te puedo adelantar que, contrario a la percepción que había, todos los funcionarios que ha habido anteriormente (y ahora) hicieron sobre 50 gestiones con la compañía en Texas para averiguar el paradero de la guagua y que se entregara y estos (esfuerzos) fueron infructuosos”, puntualizó.

En enero pasado, la Administración de Servicios Generales (ASG) refirió a Justicia investigar el proceso de compra de la guagua.

“Luego de que el pasado secretario del DSP (Departamento de Seguridad Público), nos hiciera disponible el expediente de los trámites posteriores a la compra del vehículo blindado, la Administración de Servicios Generales (ASG) inició un análisis de toda la documentación y contenido del mismo. Después de analizar el expediente, determinamos hacer un referido al Departamento de Justicia para que este evalúe cualquier acción legal que determine que corresponde en derecho”, dijo entonces la administradora, Karla Mercado Rivera.

La funcionaria agregó que ASG ha intentado obtener una respuesta por parte de la empresa sobre el estatus del vehículo blindado y la entrega de este al gobierno de Puerto Rico. “Sin embargo, no hemos obtenido respuestas claras de la compañía. Como parte del referido al Departamento de Justicia, solicitamos la evaluación de las acciones legales pertinentes que en derecho le asisten al gobierno ante esta situación”, subrayó.