Para evitar que una ley que pretendía establecer un monitoreo de los precios de los medicamentos siguiera sin efecto desde el 2019, la gobernadora firmó este miércoles una medida legislativa que asigna al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) la responsabilidad de velar por los precios de, al menos, los 100 medicamentos más usados en Puerto Rico que excedan los $100.

Este sistema de monitoreo se establecería para evitar un impacto negativo de las fluctuaciones en precio de los medicamentos para aquellos pacientes que no tienen seguro médico ni cuentan con planes de descuentos para adquirirlos, explicó la primera ejecutiva durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

La medida legislativa, que se convirtió en la ley 17 del 2026, es de la autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, y el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. La misma introdujo enmiendas a la Ley 7 del 2019 de Transparencia en el Precio de Medicamentos Recetados” para que el DACO se haga cargo del monitoreo de precios.

Específicamente, la propuesta explica que la agencia debe recopilar con las aseguradoras y las farmacias una muestra de los precios al detal de los 100 medicamentos recetados con más frecuencia, que se despachan en las farmacias autorizadas a operar en Puerto Rico y cuyo valor al detal sobrepase los $100.

La gobernadora explicó que, “a pesar de que la ley pretendía monitorear y divulgar el costo de los medicamentos a pacientes no asegurados o sin planes de descuento, nunca se implementó porque enfrentó múltiples problemas técnicos. Y esa excusa hoy se corrige con este proyecto de la Cámara número uno, que busca atemperar la Ley de Transparencia a la intención original legislativa. Esto se va a lograr hacer sin afectar el funcionamiento de las farmacias ni el servicio a los pacientes, protegiendo a los consumidores, a los pacientes y a los proveedores de salud, incluyendo las farmacias en Puerto Rico”.

Para hacer cumplir con la ley, el DACO y la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) deben diseñar un formulario para que las aseguradoras y farmacias sometan la información de los precios. Además, se designó a un farmacéutico licenciado a que forme parte del Comité Interagencial que se debe formar para velar por los precios.

Los otros miembros del comité lo son la secretaria de Estado, Rasachely Rivera; el secretario de Salud, Víctor Ramos; el secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo; el administrador de ASES, Carlos Santiago; la directora ejecutiva de ACAA, Wanda Ortega, y la directora ejecutiva del Fondo del Seguro del Estado, Enid Ortiz.

“¿Y para qué es esto al final del camino? Para salvaguardar los precios de los medicamentos de las condiciones que más se atienden en Puerto Rico”, precisó la gobernadora.

Mientras, el presidente cameral señaló que “uno de los gastos más recurrentes en los ciudadanos es el pago por medicamentos recetados. La realidad demográfica que enfrentamos, donde el 24.3 por ciento (790,000) de la población supera los 65 años de edad, viabiliza el mayor uso de medicamentos. El objetivo de esta medida es evaluar los precios de los 100 medicamentos más recetados y despachados a pacientes que no cuentan con una cubierta de medicinas para asegurarnos que se cumpla con la política pública de precios justos y continuos para todos”.

Por otro lado, la gobernadora informó que convirtió este miércoles otras medidas en ley. Una de estas incluyó a los Agentes de Seguridad y Protección de la Unidad del Departamento de Corrección y Rehabilitación al Cuerpo de Oficiales de Custodia.

“Esta nueva ley le hace justicia a quienes protegen a Puerto Rico todos los días, muchas veces sin el reconocimiento que merecen. Un gobierno serio reconoce el trabajo de su gente y actúa con sentido de justicia. A los Agentes de Seguridad y Protección y a sus familias les digo que hoy el Gobierno de Puerto Rico les dice claramente que los ve, los reconoce y valora su sacrificio. Esta firma es un acto de respeto a su vocación y a su compromiso con Puerto Rico”, expresó la gobernadora.

La otra legislación enmendó la “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002” para permitir que ofrezcan líneas y tarjetas de crédito comerciales a socios, no socios y entidades con fines de lucro, con garantías personales.