El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) Omar Marrero Díaz, defendió hoy ante la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado el contrato por el cual se entregan las operaciones de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al consorcio LUMA, aunque admitió que el mismo tiene sus riesgos en lo que se relaciona al rembolso de fondos por parte de autoridades federales.

Marrero recordó que la AEE llevaba años en una situación insostenible, enfrentando dificultades financieras, administraciones politizadas y la volatilidad de los precios de combustible, por lo cual no había sido capaz de mantener y modernizar su sistema y ofrecer servicio de calidad a los clientes, ni de cumplir con las obligaciones de su sistema de pensiones. Sostuvo que toda esa situación empeoró luego del impacto de los huracanes Irma y María, y por tal razón, desde el 2018, los planes fiscales certificados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la AEE, “contemplan la concesión de la operación de la corporación pública a una entidad del sector privado. Esa concesión permitiría abaratar el costo energético, así como permitir el cumplimiento de la AEE con las políticas ambientales aplicables”.

Agregó que, bajo ese escenario, “se logró confeccionar un contrato que cumple con los requisitos legales pertinentes en cuanto a la protección de derechos de los empleados de la AEE, el establecimiento de métricas específicas de cumplimiento por parte de LUMA Energy, y medidas para asegurar un servicio de energía eléctrica eficiente para nuestro pueblo”.

Marrero insistió en que, contrario a lo que afirma algunas partes, el contrato de LUMA, “es una concesión”, no una privatización, como ocurrió con las navieras y la telefónica, “donde sí se transfirieron la titularidad de los activos”. Defendió que, en este caso de LUMA, “el titular sigue siendo el gobierno”.

Sin embargo, a preguntas del senador Javier Aponte Dalmau sobre si había un “documento legal o compromiso” de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) “de pagarle a la AEE por el desembolso de la operación de lo que sea LUMA”, el funcionario admitió que tal documento “no existe, ni va a existir, porque FEMA no trabaja así, ni tampoco se lo va a garantizar”.

En cambio, Marrero sostuvo que por esa razón “uno tiene que buscar abogados especializados en la materia que hagan una opinión en ese sentido. Esa opinión existe, ese ejercicio se hizo, para confirmar que cumple con los requisitos del Stafford Act (ley federal de asistencia de emergencia tras desastre)”.

Aclaró que el pago por servicios a LUMA, “no es rembolsable ni nunca se ha pretendido que sea rembolsable. Lo que es rembolsable es la ejecución. Ellos nos van a proveer fondos para la reconstrucción de las facilidades que se dañaron. Eso hay un documento al día de hoy que establece claramente lo que nos van a rembolsar y es un trabajo continuo porque cada 90 días la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que dar una actualización del plan de ejecución de esa obra”.

Detalló que FEMA tiene un Plan de Proyectos (PW, en inglés) que establece cuáles son los proyectos elegibles y el costo que tendrían. “Ese es el ‘grant’ (asignación), o la obligación de FEMA de financiar esa obra de reconstrucción”.

Marrero explicó que LUMA va a tener un presupuesto, que recién aprobó el Negociado de Energía, “que asegura que por los próximos tres años no haya un incremento en la tarifa como resultado de la operación de LUMA. Ese presupuesto establece lo que ellos pueden gastar en las distintas partidas”, e incluye las cuentas operacionales, algunas para proyectos federales que serían rembolsados y otras para los proyectos estatales que se tienen que hacer que no salen de los efectos de María y por tanto no son elegibles para rembolsos.

“Pero FEMA unos días dice, estos proyectos sí; pero hay otros días que dice, estos proyectos no. Se lo ha pasado con los municipios”, cuestionó el senador Aponte.

“Eso lamentablemente ha pasado”, admitió Marrero. “Y también, vamos a hablar de otra complicación. El OIG, la Oficina del Inspector General de FEMA, que no es FEMA, es otra entidad aparte, va a venir en par de años y nos pudiese decir también, eso que te aprobó FEMA, nosotros entendemos que no es razonable”.

El senador cuestionó el riesgo que representaba operar desembolsando dinero con una expectativa incierta de cuándo se rembolsaría. “Puede pasar que me paguen, que me paguen menos, o que no me paguen. La operación conlleva un riesgo”.

“Todo conlleva riesgo, pero se mitigan”, respondió Marrero. “La única certeza es la muerte y los impuestos. No le puedo dar una certeza donde elimina todo riesgo porque eso sería irresponsable de mi parte. Cuando uno trabaja en contratos y uno elabora contratos, uno se asegura de atender todo lo que puede ser razonablemente previsible en el momento que se firma ese contrato. Y en ese sentido estamos satisfechos que ese fue el trabajo que se hizo”.

“Nosotros confiamos en que todo va a ser en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico, de los consumidores. Hacia ellos nos debemos”, insistió Marrero.