Un paso significativo se ha dado en el camino a establecer un ambiente estabilizado para comenzar negociaciones "de buena fe" con el fin de restructurar la deuda de manera consensual conforme al Título VI de Promesa, anunciaron hoy la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (“AAFAF”) y el Grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligaciones Generales. 

Las discusiones entre la AAFAF y el Grupo Ad Hoc pretenden establecer las bases para alcanzar una solución abarcadora de las controversias planteadas por los bonistas en relación con los derechos y remedios constitucionales y contractuales reclamados. 

“Creemos que una resolución de las controversias constitucionales es esencial para establecer las reglas básicas para una solución negociada al margen del Título III”, expresó Andrew Rosenberg, un representante del Grupo Ad Hoc en un parte de prensa. 

Las partes confían en que estas conversaciones conducirán a una solución al posible trato de la deuda constitucional y, en última instancia, a conversaciones extensas que involucren a otros acreedores y parte con interés, con el objetivo de lograr un acuerdo definitivo y vinculante para todas las partes involucradas.

“Es muy encomiable que el gobernador esté concentrando atención y recursos significativos para tratar de alcanzar una solución negociada”, agregó el representante de los bonistas. 

Por su parte, el director ejecutivo de la AAFAF, Gerardo Portela, indicó: “Las discusiones que anticipamos tener con el Grupo Ad Hoc reafirman el compromiso del gobierno de buscar una solución ordenada a los asuntos financieros que afectan a Puerto Rico y recalcamos que todos los acreedores y partes involucradas deben estar preparados para proceder con negociaciones de buena fe hacia una restructuración consensual conforme al Título VI de Promesa”.

Como resultado de las conversaciones entre AAFAF y representantes del Grupo Ad Hoc, el gobierno de Puerto Rico buscará una resolución pronta y diligente a las reclamaciones relacionadas con la constitucionalidad de COFINA presentadas por el los bonistas. El litigio está pendiente ante el juez Francisco Besosa en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

Si bien en este momento el gobierno no está asumiendo una posición definitiva en cuanto a los méritos de las controversias constitucionales, estará analizando los planteamientohechos por el Grupo Ad Hoc.

Además, el gobierno exhortará al juez Besosa a decidir los planteamientos del Grupo Ad Hoc para el 30 de abril de 2017, y a no apoyar ningún esfuerzo por aplazar o retrasar la resolución de las planteamientos constitucionales de los bonistas para después de que venza la paralización de los litigios que concede la ley Promesa. 

Según el comunicados de prensa, el gobierno de Puerto Rico reconoce que una pronta resolución del caso Lex Claims servirá para fomentar las negociaciones entre todos los acreedores.